Pasajeros en la parada del aeropuerto y el autobús de la Empresa Municipal de Transporte que cubre la Línea 1 puerto-aeropuerto de Palma

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No es el «vuelva usted mañana» de los tiempos de escribanos sin ordenador sino «la semana que viene estará arreglado, tal vez a finales de esta». Esa es la respuesta que reciben los interesados en obtener la tarjeta ciudadana para que, en aplicación de la Ley de Capitalidad, los residentes de las islas menores tengan en Palma los mismos derechos en transporte público que los mallorquines.

La medida fue anunciada hace cuarenta días con motivo de la reunión en Maó del Consell de Govern presidido por Francina Armengol. El anuncio se ha repetido después como inmediato cada semana, pero un testimonio directo en el servicio de atención ciudadana del Consell muestra la realidad descrita, los funcionarios no disponen aún de la aplicación informática para tramitar la tarjeta, aunque facilitan la tramitación de la solicitud.

¿Cuál es la consecuencia? Pues que los menorquines, ibicencos y formenterenses siguen siendo tratados como turistas y han de pagar cinco euros en vez de uno por el billete del aeropuerto de Son Sant Joan hasta Palma.

«Falta convicción política y hemos dado un ultimátum»

Més per Menorca ha dado un puñetazo en la mesa, cansado de una dilación injustificada, que obedece a la «falta convicción política», y responde con un ultimátum al Ejecutivo de Armengol. Este ha presentado fuera de plazo una enmienda a la ley de salud y seguridad laboral para la gratuidad de los aparcamientos de Son Espases y Can Mises y el grupo menorquín ha anunciado que se desmarca, si no se aplica antes la Ley de Capitalidad en el tema del transporte.

Martí reconoce que una cosa no tiene que ver con la otra, que seguramente acabarán apoyando los aparcamientos gratuitos en los hospitales pero es un toque de atención necesario, «es mucho más fácil cumplir antes el acuerdo de la tarjeta ciudadana, que pongan el mismo interés», reclama.

En efecto, chirría la urgencia en un tema y la demora en otro, máxime cuando el coste que uno y otro tendrá para las arcas públicas es tan distinto. De la gratuidad de los aparcamientos en los hospitales no se benefician los menorquines y el coste que soportará por ello el Govern es infinitamente mayor al que implicarán las tarjetas ciudadanas para el transporte en bus del aeropuerto a «precio mallorquín».

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