Alaior suspende licencias un año en la zona del complejo Milanos-Pingüinos

No se ejecutará, al menos en ese plazo, la reforma que había propuesto Meliá Hotels. La alcaldesa justifica la decisión en el escenario que dibujan esos indicios, explica que en estos momentos no se puede conceder licencia ni tampoco denegar, pero si no se aprobara la suspensión se abriría la puerta a generar derechos por vía del silencio administrativo, puesto que la Administración tiene la obligación de responder las peticiones.

Sin licencias

El informe del arquitecto municipal, Miquel García Soler, resulta clave en esa conclusión, en la que también coinciden el de la secretaria, Luz Sanz Villaroya y el de la técnica de administración especial, Eva María Nieto. El primero afirma haber podido constatar «la no existencia de licencia definitiva de obras para la construcción de las edificaciones exitentes actuales. Así pues, la actual construcción se halla en situación de fuera de ordenación, sin perjuicio de solicitud de expediente de legalización».

El camino de la legalización obligaría a decuar los parámetros urbanísticos de la normativa vigente (toma como referencia el Avance del Plan General en revisión), que sobrepasan en exceso, puesto que contempla para Son Bou planta baja y dos alturas. Advierte además que la única parcela con diferencias sustanciales respecto a los parámetros de Son Bou es la parcela donde se ubica el citado complejo hotelero.

Resolver esas dudas obliga a recurrir al Registro de la Propiedad y al archivo de la extinta Comisión Provincial de Urbanismo, organismos a los que ya se ha dirigido el Ayuntamiento solicitando ampliación de información como le recomiendan los informes de sus técnicos. Asegura que la información que se obtenga en ambas fuentes, entre ellas si la licencia se ajusta a lo finalmente ejecutado, resultará clave.

Las irregularidades observadas pasaron inadvertidas en el informe preceptivo del Consell para la concesión de la licencia, de haberlo visto, el informe habría sido negativo, el expediente no habría llegado al Ayuntamiento y ahora no habría sido precisa la suspensión de licencias.

No obstante, los técnicos municipales han comprobado que la documentación remitida por la hotelera a una y otra institución no era la misma, circunstancia que ha obligado a pedir aclaraciones a la empresa y ha dilatado el proceso, que lleva seis meses en la Administración municipal.

Indemnizaciones

El informe externo de Ramis de Ayeflor despeja el riesgo de indemnización. «Si es deseo municipal a la vista de las circunstancias impedir esta legalización, ahora sí cobra importancia la opción de suspender licencias en esta zona, pues la disposición adicional cuarta (de la ley de turismo que ampara la reforma con un 20 por ciento de ampliación) ya no está vigente (...) Si se presentase un proyecto de legalización antes de acordarse la suspensión, se genera el derecho a reclamar el coste del proyecto por el promotor y la devolución de tasas, pero nada más», afirma.