El objetivo de la Junta es velar por la calidad y supervivencia del recurso

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La Junta Central de Usuarios de Aguas de Menorca, recién constituida, cuenta con capacidad sancionadora. Los estatutos de esta entidad, que se encuentran en exposición pública para su aprobación definitiva, contemplan la posibilidad de imponer multas de entre 100 y 6.000 euros para castigar determinadas acciones que afecten a la preservación del recurso, a las que se sumarían las indemnizaciones a los posibles damnificados que se deriven de estas actuaciones.

Las sanciones serán impuestas por un Jurado del Uso del Agua, que contará con un presidente y dos vocales designados por la asamblea general, que integran todos los usuarios de agua de la Isla. El procedimiento y las atribuciones de este órgano, que además resolverá discrepancias entre distintos miembros, quedarán definidas más adelante en un reglamento propio.

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