En concreto, el Govern destinará un total de 8.500 euros -4.500 euros para el Consell de Menorca y 4.000 euros para el de Ibiza- a financiar programas y talleres educativos dirigidos a jóvenes o menores a los que se ha impuesto una medida judicial alternativa al internamiento, como las prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, el tratamiento terapéutico de deshabituación del consumo de sustancias y la reparación extrajudicial del daño.
Otras de las medidas judiciales no privativas de libertad impuestas a los jóvenes o menores infractores pueden ser la asistencia a un centro de día, la permanencia de fin de semana, la libertad vigilada o la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
Con la firma de estos convenios se facilita el acceso de los jóvenes o menores infractores a programas y talleres específicos en materia de resolución de conflictos, prevención del consumo de drogas, orientación laboral, o talleres de educación afectivo-sexual. En este sentido, está prevista la realización de hasta cuatro talleres educativos, de cinco sesiones por taller, en cada una de estas áreas.
«La experiencia demuestra que determinados programas, talleres educativos y servicios y recursos sociales que son objeto de esta colaboración suelen tener efectos muy positivos como generadores de un proceso de reflexión crítica de los menores o jóvenes ante su conducta y para que asuman el compromiso de respeto de los bienes jurídicos ajenos», han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
En el caso de Mallorca, los programas, talleres y recursos sociales para garantizar el cumplimiento de medidas judiciales no privativas de libertad los gestionan los servicios de menores de la Dirección General de Menores y Familias de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación.
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