Exteriores del matadero municipal de Ciutadella

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El sector agrario quiere un matadero nuevo, adaptado a las exigencias de la normativa sanitaria y funcional para dar respuesta a las necesidades de las explotaciones ganaderas de Menorca. En estos términos se expresaron las distintas organizaciones que participaron este miércoles en la reunión del Consell Agrari celebrada en Ciutadella y que contó con la asistencia de la alcaldesa Joana Gomila.

Conocer la opinión de los profesionales del campo era la primera cita de la agenda acordada entre los ayuntamientos de Maó y Ciutadella para seguir adelante en la idea de implantar una gestión de ambos mataderos con un enfoque insular.

La opinión de Fagme tiene en cuenta el estado actual del matadero de Ciutadella que, a pesar de las reformas y mantenimiento, «no reúne las condiciones exigidas para expedir determinadas certificaciones y eso reduce su capacidad», señala Pau Bosch. Entiende que no vale la pena invertir en más arreglos porque no bastarán para alcanzar el estado que la industria de la carne exige actualmente.

Agrame, por su parte, señala que el gran problema sobrevenido es el coste de la eliminación de los residuos, «hay que tener en cuenta que se sacrifica ganado de todos los términos, que se ofrece un servicio insular y lo más justo sería repartir el déficit entre todos», apunta Luis Nadal.

Ambas organizaciones apoyan la existencia de dos infraestructuras y la necesidad de especialización o distribución de los servicios que ofrecen, tal como se había planteado en la reunión que hace unas semanas mantuvieron las dos alcaldesas con el conseller Javier Ares y el director del Fogaiba. «El Consell no tiene competencias en la materia pero sí puede y debe coordinar el acuerdo», agrega Luis Nadal, mientras Pau Bosch se refiere al alto coste en dos direcciones, «exigir un justo reparto de fondos desde el Govern y plantearlo a largo plazo si la inversión es costosa», explica.

El conseller Javier Ares dio a conocer además los resultados de una campaña de recogida de fitosanitarios, «algunos caducados y otros prohibidos ya», que se ha llevado a cabo por la Conselleria con un coste de cuatro mil euros y se ha saldado con cuatro toneladas de material.

En la reunión celebrada ayer también se habló de los nuevos condicionantes que un decreto exige para recibir los fondos de la PAC y de la nueva ley agraria que prepara el Govern.