MAHON. ENERGIA. Imagen de la central térmica de Maó.

La central térmica de Maó debe reducir sus emisiones antes de 2020. | R.L.

Javier Gilabert15/11/17 12:36
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El Govern ha pasado al contraataque después de recibir la negativa de Madrid a su propuesta para que la central térmica de Maó abandone el fuel y pase a funcionar con gas. Aunque no puede forzar directamente a Endesa a llevar a cabo esa transición –es potestad del Ministerio de Energía–, utilizará sus competencias, concretamente las medioambientales, para intentar dejar a la empresa sin alternativa. En ese sentido avanzó ayer que no dará autorización para la propuesta sobre la que trabaja la eléctrica: instalar un sistema de filtros con inyección de agua para atrapar una parte de los contaminantes.

«La herramienta que tenemos dentro del sistema competencial es Medio Ambiente, tenemos la competencia de fijar unos estándares de protección más exigentes», explicó Joan Groizard, el director general de Energía y Cambio Climático, quien defendió que sería «incoherente» dar autorizaciones para que la empresa siga usando fueloil: «No es una amenaza. Nuestro planteamiento era hacerlo de forma pactada, pero viendo que no es posible, vanos a trabajar dentro del ámbito que nos queda».

Alternativa
La propuesta alternativa de Endesa, que no quiso ayer hacer declaraciones, todavía no ha sido presentada ante la Dirección General de Energía, pero al Govern le consta que ha empezado a realizar trabajos previos para analizar el volumen de agua necesario para poner en marcha el sistema de filtros en la chimenea. No en vano, si la central térmica no quiere quedar en una situación de ilegalidad, deberá aplicar alguna medida de reducción de emisiones antes del 1 de enero de 2020, la fecha que marca la Directiva Europea de Emisiones.

Desde el Govern no solo entienden que para ser coherentes con su postura no pueden seguir dando autorizaciones para el uso de fuel en la central mahonesa «como si nada», sino que coinciden con el GOB en que «no se puede pasar la contaminación del aire al mar». Y es que la alternativa de la empresa, denuncian los ecologistas, supone que el agua utilizada sea vertida en la red de alcantarillado, enviando unos contaminantes para los que no está preparada la depuradora de la zona de Levante, impidiendo su reutilización y vertiendo al mar sustancias nocivas.

El Govern defiende que su opción de dar el salto al gas supone una reducción de emisiones por generación eléctrica del 30 por ciento, y económicamente un ahorro anual de entre ocho y diez millones, aunque con una inversión inicial que Madrid calculaba en 90 millones y Palma en 75: «No es que hayan negado nuestro calendario, es que ni se plantean uno», lamentó Groizard, quien criticó que es una «absoluta incongruencia» con los objetivos marcados por la Unión Europea y por el comisario de Energía y Medio Ambiente, Arias Cañete», que quiso colocar a las Islas como punta de lanza de la transición energética.