Pere Moll, junto a su abogado saliendo de los juzgados de Ciutadella, tras declarar tres horas ante la juez Loreto Arroyo. | Laura Amores

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El alcalde de Es Migjorn, Pere Moll, y la exconcejal y diputada autonómica, Elena Baquero, declaran este jueves ante la juez de Ciutadella en calidad de investigados (antes imputados) para responder por las presuntas irregularidades en la concesión de licencias y en las obras de la reforma de 82 apartamentos de Sant Tomàs, por parte de Agrytursa, la empresa del marido de Baquero.

Moll, imputado por un delito de prevaricación administrativa, ha entrado al edificio judicial a las 10.21 horas, y ha afirmado que estaba tranquilo. Sin embargo, su declaración no ha empezado hasta una hora más tarde aproximadamente.

La declaración del alcalde de Es Migjorn ha durado tres horas. La declaración ha sido larga y exhaustiva según el abogado de Moll, Miquel Ramis, quien ha respondido a la prensa en nombre de su cliente. Moll se ha abstenido de realizar cualquier comentario.

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Ramis ha explicado que Moll mantiene su versión. Las licencias de obra de los 82 apartamentos de Llebeig y Mestral y los diez de Garden Suites se tramitaron y se abrieron los expedientes sancionadores pertinentes.

Por su parte, Elena Baquero, a la que se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias, ha empezado a declarar sobre las 16 horas. Su abogado, Francesc Marquès ha defendido que no se han presentado pruebas que sustenten el delito de tráfico de influencias, y ha recordado que Baquero no tenía competencias de Urbanismo, ni en ninguna área relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.

Los hechos, denunciados a través de una querella presentada por el portavoz del PP, Ramón Verdú, tienen su origen en una licencia concedida por el Ayuntamiento a la promotora Playas de Binicudrell en 2012 para reformar nueve apartamentos de los complejos Llebeig y Mestral de la urbanización de Sant Tomàs, y que presuntamente habrían beneficiado al marido de Baquero. Las obras se habían realizado en 82 apartamentos, de lo que se percató el mes de noviembre de ese año la Policía Local. Un mes después la promotora solicitó la ampliación de la licencia. A este caso, el PP incorporó en su querella otras obras ilegales de Agrytursa en los diez apartamentos de Garden Suite, también en Sant Tomas.