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«Una vez revisadas todas la actas de junta de gobierno correspondientes al año 2016, cada vez tenemos más claro que el trato preferente se limitó especialmente a la solicitud de obras de la sociedad Pons Sugrañes». Así de tajante se muestra Junts per Lô, quien a través de un comunicado avanza que ha acudido a los servicios jurídicos para tratar de averiguar si ha existido trato de favor en la tramitación de una licencia a una sociedad de la que es copartícipe la alcaldesa.

Junts per Lô ha pedido información certificada sobre cuántas solicitudes de licencia de obra contaron con informes técnicos como resultado de la alteración del orden establecido según el registro de entrada, con el objetivo de evitar que quedaran afectadas por la anulación del PGOU de 2009.

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También quiere saber de dónde emana la orden, y quién la dicta, de no respetar estrictamente el orden del registro de entrada en las licencias solicitadas. Por último, Junts per Lô quieren saber en qué fecha el Ayuntamiento de Alaior conoció la resolución del recurso de casación por el que quedaba anulado el PGOU. El partido de la oposición «desea» que la información no se demore. La junta de gobierno en cuestión tuvo lugar el 12 de mayo, y la sentencia se firmó seis días después.

La alcaldesa aseguró el viernes que Junts per Lô dispondrá del expediente con toda la información relativa a la licencia.