Joana Gomila afirma que Justicia quiere quedarse en Can Saura más allá de 2019

Se basa por un lado en la experiencia del juzgado de lo Social, ubicado en el edificio de la plaza de Es Born desde el año 2002, con un contrato de cuatro años, y allí siguen, 16 años después. Pero no solo eso, la primera edil reveló en el pleno del pasado jueves que en las reuniones que ha tenido con los representantes del Ministerio de Justicia le han insinuado que depende de la situación pueden quedar en Can Saura más años. «Cuando les recordé que en cuatro años tenían que salir, me dijeron: '¿o no?'», afirma. La alcaldesa reconoce que se quedó de piedra, después de que le recordaran que podrían acogerse a una «prórroga tácita», sabiendo que «nadie los desalojará».

Gomila, dirigiéndose al PP, que fue la formación que introdujo el tema en el debate con la presentación de un ruego, preguntó que una vez acabado el plazo del convenio, en 2019, «¿quién será el chulo que los hará salir, si no hay unos nuevos juzgados en Ciutadella?», dando por seguro que en esta fecha la nueva sede judicial no estará construida. Y es que echar al Ministerio de Can Saura, sin un nuevo edificio judicial, podría implicar que Ciutadella se quedará sin juzgados, con todo lo que ello supone.

De allí que el actual equipo de gobierno siempre haya optado por rescindir el contrato con el Ministerio y no formalizar su cesión (al no cobrar las mensualidades contempladas en el convenio), conscientes de que si el Ministerio empieza las obras y reconvierten Can Saura en los juzgados, estarán muchos años en volver a recuperar el edificio para un uso cultural, concretamente para un museo.

La oposición

El portavoz del Partido Popular, Joan Benejam insistió en que «las idas y venidas» del equipo de gobierno, han supuesto que el Ayuntamiento deje de ingresar 162.000 euros, por no haber facturado ninguna mensualidad, un año y mes después de firmar el contrato con el Ministerio para cederle Can Saura Miret, por un importe de 130.000 euros anuales.

Por su parte, el concejal de UPCM, Joan Triay, que en su día también defendió la cesión del inmueble señorial para que pudiera acoger unos juzgados, explicó que no tiene por qué pasar lo que dice la alcaldesa y el Ayuntamiento podría recuperar este edificio, para el uso cultural por el que fue adquirido. Recordó que el contrato tiene una vigencia de cuatro años y que está pensado para que ocupe este edificio de forma temporal mientras se habilita la sede definitiva, y que una vez pasado este plazo el inmueble puede volver a pasar a manos municipales.