Binimoti alega que no está probado que el Camí d'en Kane pase por su finca

En el escrito de alegaciones defiende que no está probado que el Camí d'en Kane pase por su propiedad. Concretamente asegura que «no hay una prueba completa», en este sentido. Esta alegación va ligada con una segunda, que esgrime que hay «falta de definición» en el trazado del histórico camino.

Una tercera alegación se refiere a la «inmatriculación» del inmueble, destacando que el Ayuntamiento no tiene escriturado este tramo, por lo que cuestiona que sea de titularidad pública. También pone en duda el propio inventario municipal, en el que se ha inscrito el tramo afectado, ya que se trata de un documento que «no tiene naturaleza jurídica», sino administrativa. También se queja de que no haya abierto un expediente de investigación que aclare quién es el titular de este tramo de camino.

Las otras tres alegaciones versan sobre los procedimientos administrativos previos abiertos por el Ayuntamiento de Ferreries, como es el informe jurídico de Secretaría avalando la titularidad municipal.

También se refiere a los procedimientos que el Ayuntamiento de Ferreries ha abierto a Binimoti, que han acabado en los juzgados, por negar la licencia para instalar una barrera automatizada y una pared hormigonada. En el primer caso se tiene que dirimir ante el Supremo, después de que el TSJB diera la razón al consistorio. En el segundo caso se sentenció que se tiene que reiniciar el proceso.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en colaboración con los del Consell, responderán a las alegaciones en los próximos días.

De momento, y como era de esperar, los propietarios de Binimoti son los únicos que han presentado alegaciones a la inclusión de este tramo en el inventario municipal, aprobado por pleno el pasado 5 de septiembre.

La propiedad, como parte afectada, tenía de plazo hasta el pasado 7 de octubre para alegar. Ese día los representantes de Binimoti presentaron el escrito. No obstante, el Ayuntamiento, al someterlo también a exposición pública, alargó el plazo hasta principios de noviembre, por si otros particulares o entidades quieren presentar alegaciones.