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«No ha sido una decisión política sino de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente». Con este argumento, la senadora por Menorca y candidata del PP a revalidar el cargo, Juana Francis Pons Vila, defendió ayer la prórroga de nueve meses que el Gobierno ha concedido a la empresa Spectrum Geo Limited para tramitar el proyecto de prospecciones petrolíferas en aguas de Menorca. 

El Govern balear y la Aliança Mar Blava exigían la caducidad definitiva del expediente por haber superado el plazo máximo de 18 meses previsto en el real decreto que regula la tramitación de la evaluación ambiental. No obstante, los técnicos de Medio Ambiente se han amparado en una normativa de rango superior para autorizar una prórroga del 50 por ciento sobre ese plazo, lo que supone darle nueve meses más. 

La ampliación para tramitar el proyecto de búsqueda de hidrocarburos en el mar balear fue solicitada por el Ministerio de Industria en enero de este año y se ha concedido ahora, una vez agotado el plazo inicial. A juicio de Pons Vila, la prórroga concedida es legal y haberla denegado daría pie a que la empresa afectada pudiera reclamar indemnizaciones. «Se trata de cumplir la ley y eso es lo que debería hacer cualquier administración», señaló. 

El ministerio, en contra

La candidata del PP se mostró confiada en que el proyecto se acabe desestimando en este trámite y aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente «con los informes emitidos hasta la fecha ha dejado clara su posición desfavorable» a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. En su opinión, la única opción legal para paralizar este proyecto es una declaración de impacto ambiental negativa. 

En esta línea, el Govern balear ya ha anunciado que presentará «las alegaciones que sean necesarias» en cuando el proyecto salga a exposición pública. La Aliança Mar Blava, por su parte, empezará por impugnar la prórroga concedida por el Gobierno al haberse adoptado, según dice, «fuera del plazo fijado por la ley, lo que supone la caducidad del expediente». Para el Ministerio, en cambio, la prórroga solo se estudia transcurrido el plazo establecido por lo que la decisión sí sería legal. 

Pons Vila también aseguró que el Govern balear ha tratado de «manipular» esta información en busca de «un posible rédito electoral» y recordó que en las Islas existe unanimidad política en contra de las prospecciones.