Més per Menorca reclama un pacto social en materia lingüística

Estas dos formaciones han fijado su posición ante el debate de mañana en el Parlament sobre la recuperación del requisito del conocimiento del catalán para acceder a la administración pública de Baleares.

Nel Marí, de MÉS per Menorca, ha indicado que la postura de su formación es la de devolver al catalán a los efectos derivados de ser lengua oficial y propia de Baleares».

Para esta coalición, «es un gran día porque pone punto final a la legislación contra el catalán impulsada por el PP y el Govern Bauzá y recupera el consenso alcanzado con la Ley de Normalización Lingüística».

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado varias enmiendas con las que quiere «garantizar el ejercicio efectivo del derecho de opción lingüística de cada ciudadano, sin que en ningún caso pueda entenderse la existencia de la primacía de una lengua oficial sobre otra».

Ha añadido que es una premisa «hacer efectivo el derecho de las personas a no sufrir discriminación por razones lingüísticas» y «promover el estudio, la protección y el uso de las modalidades insulares del catalán, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera».

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha afirmado que «estas incorporaciones responden a principios fundamentales en los que se ha basado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos lingüísticos, aplicables en defensa de todas las personas, con independencia de la lengua en que se expresen».

Lafuente ha lamentado que la propuesta que se debate mañana «dé un paso atrás para las competencias de los consells insulares al imponer la competencia al Govern de una materia que había sido transferida a los consells».

El diputado de Més per Menorca Nel Martí ha advertido de que «puede ocurrir que el Estado formule advertencias de inconstitucionaidad y plantee la negociación en el seno de una comisión bilateral Estado-Comunidad autónoma, porque la lógica de un estado-nación centralizador y colonizador como el español es bastante previsible».

Según Martí, «el Estado central y el Tribunal Constitucional pondrán en marcha su maquinaria con un recurso de inconstitucionalidad y suspensión de parte del articulado para alterar y liquidar aquello que los ciudadanos de Baleares, a través del Parlament y la unanimidad de todas las fuerzas políticas, pactaron».