El pleno declara Sant Lluís municipio libre de desahucios

Ningún trabajador del Ayuntamiento de Sant Lluís, incluida la Policía Local, podrá participar y hacer cumplir una orden de abandono de una vivienda por ejecuciones hipotecarias en el municipio, que en la noche del jueves fue declarado por el pleno como libre de desahucios.

La propuesta fue planteada y aprobada con los votos de la mayoría de gobierno (Volem, PSOE y PI) con la abstención del Grupo Popular que se mostró de acuerdo «con la concepción global» del planteamiento pero que cuestionó que algunas de las medidas que recogía el texto pudieran ser aplicadas por la Administración local. Entre esas acciones está la petición a las entidades bancarias de la suspensión de los expedientes de desalojo que puedan tener abiertos así como la paralización de los procedimientos judiciales en curso contra hipotecados de buena fe que no puedan pagar las cargas sobre su primera vivienda. También se plantea elaborar un censo de viviendas vacías en Sant Lluís, propiedad de los bancos o de personas jurídicas, cruzando datos del Ayuntamiento con los de las empresas suministradoras de servicios. En cuanto al IBI, que en la misma sesión el equipo de gobierno rechazó rebajar, el Ayuntamiento ayudará o aplazará el cobro del impuesto a los propietarios que estén en riesgo de desahucio. Dolores Tronch, concejal del PP, dudó de que algunas medidas estén al alcance del Ayuntamiento, preguntó qué presión realizará el gobierno municipal sobre las entidades financieras y si se adoptarán «medidas extremas» como retirar fondos o cancelar cuentas, a lo que el edil de Volem, Olmo Heras, respondió que «si no hay más remedio» se tomarán. El Ayuntamiento instará al Consell a realizar un estudio de demanda y valorar si puede repetirse la prueba piloto -que ya fracasó hace unos años-, de ofrecer transporte público en temporada baja entre el pueblo de Sant Lluís y las urbanizaciones de la costa y los caseríos. El PP defendió una moción para recuperar este servicio e incluyó la idea de conveniar con el sector del taxi un servicio a demanda para que los usuarios tengan un precio bonificado. La propuesta salió adelante solo de manera parcial. El equipo de gobierno votó a favor del primer punto y rechazó el segundo. El concejal del PI, Llorenç Carretero, calificó de «paradoja» que el PP pida la recuperación de este servicio de transporte ya que cuando gobernaba en el Consell lo suprimió por su déficit y escasa demanda. La designación del director de Servicios Generales, Juan García, entró en el debate plenario en el turno de control de la oposición. El edil del PP, Francisco Olives, cuestionó el procedimiento, afirmó que las bases de la convocatoria eran malas, fue el calificativo empleado, y añadió que el cargo resultó ser más de confianza política que no técnica. La alcaldesa defendió un proceso que calificó de «impecable». Morlà acusó al PP de «ir ventilando en la prensa mentiras que pensaban que habíamos hecho».