Caritas urge medidas «para no cargar ya más con esta losa»

El secretario general de Caritas, Guillem Ferrer, percibe «mucha mayor predisposición en el actual gobierno del Consell que en el anterior», pero recela de que la solución pase por esperar al nuevo Plan Director. «El tiempo apremia», dice Ferrer, que insiste en plantear dos salidas: o se garantiza a la entidad el tratamiento de todos los residuos voluminosos de la Isla o renunciará a la concesión «y que sea el Consorcio el que recupere este servicio público. Así nos liberará de la gran losa económica que aún soportamos».

Ferrer advierte de que «la clasificación de los residuos en las municipales», desde que en 2011 se dieron en concesión, «es contraria a la normativa fijada por el propio Plan de Residuos aprobado por el Consell». «Muchos voluminosos se clasifican como maderas, hierro o plásticos» y esto hace que, con los precios que se aprobaron en la concesión a Triatges, «salga más barato tratar uno de estos residuos en las siete deixalleries de Menorca que en la planta TIV». La controversia no es nueva. Hace ya años que Caritas busca alternativas para aliviar la situación financiera de la instalación, pero ni la transformación de la basura en diesel sintético que propuso en alianza con la empresa alemana Kroms surtió efecto ni, tampoco, ha logrado que el Ayuntamiento de Maó aprobara la permuta que le propuso para hacerse con la titularidad del terreno donde se emplaza la planta. «Puedo entender el argumento municipal, pero lo cierto es que eso nos impide inyectar capital privado o conseguir un socio. La conclusión es que los residuos voluminosos no llegan donde debiera y ese es un problema cuando, tras 22 años de declaración de la Reserva de la Biosfera, deberíamos ser un paradigma en la gestión de residuos de la Isla». Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocida este mes de mayo, clarifica aún más la situación sobre el papel al reconocer a Triatges Menorca que puede tratar residuos peligrosos, pero no así voluminosos, que hasta su propio gerente Marcelino Pons dice llevar diariamente a la planta TIV de Caritas. Por tanto, nadie -ni la administración ni el propio sector- acierta a explicar a la entidad social «a dónde van a parar» las toneladas restantes que no tienen entrada en el recinto situado junto a la rotonda del Aeropuerto. Pero lo que queda claro es que la crisis económica ha reducido considerablemente la generación de este tipo de residuos y los asociados a la construcción, de tal forma que no se desviarían a otras plantas las 7.000 toneladas anuales apuntadas por Caritas, sino una cifra sensiblemente inferior. Dice Caritas que solo le entran 2.400 de las poco más de 9.400 que se producían en 2007, antes de que se pusiera en marcha el proyecto de la planta TIV y recabara la concesión pertinente de la administración. Pero, aunque solo sean la mitad que entonces, la pregunta es la misma: «¿A dónde van?».