Santiago Florit se apoya en las siglas artísticas del Consell | Javier Coll

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El conseller socialista Santiago Florit (Maó, 1957) asegura que no quiere que los titulares de prensa le marquen la agenda, aunque él mismo retornó a la política ofreciendo algunos jugosos. Como cuando, con el pacto de gobierno aún por cerrarse, se rebeló contra las exigencias de Més y Podemos, dispuesto a no votar a favor de Maite Salord en su investidura. Ahora las aguas están tranquilas. Afirma que su Conselleria tiene un trabajo ingente estos cuatro años y, de nuevo, el Plan Territorial Insular (PTI) está subrayado en rojo.

Reclama que el Govern escuche a Menorca si modifica la Ley Turística. ¿Qué cambios plantea?
— La ley no refleja exactamente las necesidades de Menorca. Lo que pensamos es que una ley turística no debería interferir tan directamente en temas urbanísticos ni condicionarlos. Pero el informe que hemos presentado también aborda cuestiones técnicas, relativas a inspección y régimen sancionador.

¿Incluye un 'no' a equipamientos como el golf o parques acuáticos como el de Sant Lluís?
— El Plan Territorial permitía campos de golf, lo que no queremos es que sea la excusa para crear una zona hotelera de 500 plazas. Que lo pongan accesorio a una zona urbanizada, no que se use para urbanizar más, esa es la diferencia de planteamiento. No sé qué modificaciones harán en la ley, trabajan en un borrador. Y en cuanto a equipamientos como el parque de Biniancolla, esa es una de las cuestiones que debe determinar la revisión del PTI.

¿Ha comenzado ya?
— Hemos escrito a todos los ayuntamientos para que nos digan las cosas que creen que se deben mejorar; también a los partidos políticos y a todas las asociaciones que hicieron alguna alegación en su día. Hay que encender esa mecha. Y hemos empezado a confeccionar las bases de licitación del concurso para redactar el plan. Mi objetivo es que salga a licitación en el primer trimestre de 2016.

¿Habrá modificaciones puntuales para resolver litigios urbanísticos como el de Son Orfila?
— No se cierra la puerta, pero hay que estudiar bien los posibles efectos colaterales siempre que haces una modificación. Lo que no podemos hacer es un urbanismo a la carta sino trazar parámetros generales.

¿Estará revisado en 2019?
— Es mi objetivo personal, dejarlo definitivamente aprobado al final de esta legislatura. También recuperar el Plan Insular de Costa, parado por el PP, que se tiene que ligar al PTI, como el de carreteras, el del Camí de Cavalls o el de aparcamientos en rústico, que deben imbricarse en el PTI y en su filosofía. Lo que no se puede es ir improvisando.

¿Por eso mantuvo la Norma Territorial Transitoria (NTT)?
— La Norma no nos gusta. Capta cuestiones de leyes como la turística y la agraria, como en el caso de las declaraciones de interés general, que casi desaparecen. Pero tiene algunos aspectos que ayudan a restringir esas leyes que invaden competencias de Urbanismo. Valoro esos aspectos, ya lo dije, nos sirve de paraguas. Pero es que era el PP el que tenía que haber revisado el PTI, que cumplió diez años en 2013.

Pero prometieron derogarla...
— El acuerdo de gobernabilidad habla de suspensión cautelar de aspectos desreguladores. Pero no se puede hacer algo parcialmente porque es excepcional y transitoria, o se deroga y se vuelve al PTI, tomando las prescripciones de esas leyes baleares o nada. Eso no se hará mientras no tenga un instrumento que garantice un cierto nivel de protección, sobre todo en el suelo rústico.

¿Y el reglamento turístico? ¿Por qué empezar de cero?
— El que elaboró el PP fue muy contestado desde el sector. Por otra parte, el reglamento que hizo el Govern no recoge la idiosincrasia menorquina. Nosotros pedimos que la ley no sea tan concreta, porque está hecha pensando más en los hoteleros mallorquines, y que se deje en vigor el decreto 20/2015 que desarrolla la ley hasta que cada isla tenga su reglamento.

¿Estará listo el de Menorca para el verano de 2016?
— No lo creo, no puedo garantizar una regulación pero sí un mínimo de normativa.

Entonces, en el caso de la vivienda vacacional no reglada, ¿se multará a quien alquile?
— Iremos primero a difundir y no a sancionar, la filosofía primero es de clarificar los criterios para alquilar, hay que cumplir unos parámetros de calidad, no podemos cargarnos el turismo. Tu casa la puedes alquilar, sí, pero no comercializarla turísticamente sin autorización. Eso lo tenemos que vigilar. No podemos hablar de turismo de calidad y que entre todo.

¿Vigilarán internet?
— Es que aquí entran muchas cosas. Con las nuevas tecnologías la Adminsitración a veces va por detrás de la realidad. Internet está deshaciendo estructuras, y muy rápido, de maneras de hacer las cosas. Por otro lado, hay gente que querría alquilar todo y otros que quieren limitaciones.

Al menos las patronales quieren esa regulación...
— Sí, aquí, a diferencia de lo que pasa en otras islas, hay acuerdo en el sector sobre eso.

¿Se penalizará a los propietarios que alquilen solo en verano?
— Esa es una idea que nos ha pillado por sorpresa, que el Govern plantea por una problemática en Eivissa, aquí creo que no tiene razón de ser. La vivienda vacacional no la alquilas en invierno porque la tienes para eso, y es lo que más hay aquí. Cada isla tiene problemas concretos a resolver.

El aparthotel Esmeralda se explotó sin licencia. ¿Se multará a la propiedad?
— En este caso se tramitan dos expedientes, uno el de cierre, que en fase voluntaria se comunicó el 4 de agosto, aunque con la ley en la mano tuvimos que ampliar el plazo para sus alegaciones; y otro el sancionador que sigue su instrucción. Según cómo se titpifique la falta, la multa puede ir de 40.000 a 400.000 euros.

¿Cómo piensa reforzar la disciplina en suelo rústico?
— Queremos actualizar los estatutos del Consorcio, definir la entrada y salida de ayuntamientos... Ciutadella decidió irse y hubo expedientes, trabajo iniciado por el Consorcio que se llevaron. Ahora ha manifestado su voluntad de entrar. Además, lo reforzaremos en medios humanos, creo que es necesaria la figura de un gerente, que ayude a estrechar la vinculación con los ayuntamientos.

¿Qué opina del giro en el 'caso Cesgarden'? ¿Cree que se debe pedir la revisión de la sentencia?
— Creo que sí, y que se hará, todo el mundo está de acuerdo, también el PP, aunque no es algo que competa a esta Conselleria. Si me pregunta mi opinión personal, Cesgarden es una estafa a la Administración, una vergüenza.

Hablando de sus socios, ¿se sintió desautorizado por la presidenta cuando se cerró el parking de Cala en Turqueta?
— No, yo no lo ví así. El resultado final era la ordenación, el parking no era legalizable y me parece perfecto que esté cerrado, en eso estamos de acuerdo. Creo más bien que fue un 'desajuste' de principios del mandato, estábamos aterrizando.

Y con Podemos, ¿hay 'desajustes'?
— Nos lo tomamos con cierta tranquilidad, es mal momento político, estamos otra vez en precampaña de las elecciones generales, los líderes nacionales hacen declaraciones... Por la salud de la institución debemos ser capaces de alejarnos de ciertas cosas.

Pero insisten, por ejemplo, en cuestionar al gerente del SITIBSA. ¿Qué opina?
— Lo que sucede con Fernández Terrés es del todo injusto, Kiko es un trabajador incansable y honorable. Aquí sí les pediría en un momento dado que rectifiquen.