Ciutadella debe pagar más de 2 millones en sobrecostes por obras de gobiernos del PP

La reciente sentencia firme que le fuerza a abonar más de medio millón de euros a la constructora que ejecutó las obras de la Comisaría de la Policía Local, Antonio Gomila, se añade a otros contenciosos por proyectos de aquella misma época que ya cuentan con pronunciamiento judicial o han derivado en demandas en el Juzgado contra la administración municipal.

Justo cuando empezaba a otear el final de la vigencia del Plan de Saneamiento y tocaban a su fin varios de los préstamos más cuantiosos, el Ayuntamiento se ve ahora en la tesitura de tener que pagar las desviaciones de las obras millonarias impulsadas «en los años de vacas gordas» del PP.

Desde la Comisaría de Policía a la piscina descubierta de Sa Platja Gran, la Sala Multifuncional del Canal Salat, el anexo al polideportivo, el centro de arte de Can Saura Morell o la consolidación y reforma de Can Saura Miret, cuyo sobrecoste extra del 9,78 por ciento debía corresponder en principio al Govern, la administración que ostentó la dirección facultativa de las obras.

«Lo preocupante -lamentó este viernes la alcaldesa- es que el resto de contenciosos pendientes es muy posible que acaben igual, puesto que el argumento invocado por las empresas es siempre el mismo: la ampliación del presupuesto no se contrató, pero las obras efectivamente se llevaron a cabo, y contra eso poco puede hacerse».

Esta relación, a la que cabe sumar «otros pequeños contenciosos por valor de unos 300.000 euros», no incluye los pagos pendientes por la expropiación de los diversos sectores de la zona de Santa Rita, que el Consistorio ya viene abonando de forma plurianual.

Ésta será también la fórmula elegida ahora para evitar que el desembolso extra reclamado por los tribunales repercuta en exceso sobre los ciudadanos.