La abogada barcelonesa Cristina Gómez, que defiende los intereses de la promotora, confirmó ayer la presentación del recurso pero eludió pronunciarse sobre su contenido hasta que éste sea contestado por el tribunal.
El pronunciamiento de la Sala concluye que es «improcedente» resarcir a la promotora por el valor del terreno rústico al que debía trasladar su futuro hotel en Son Bou, por la cesión obligatoria de suelo al Ayuntamiento de Alaior y por el abono de los honorarios técnicos por la redacción del proyecto. Y esto es así porque, gracias a la investigación del Consell y la Fiscalía Anticorrupción en el pasado mandato, se ha acreditado que Cesgarden compró los terrenos el día antes de la aprobación del PTI, «con plena conciencia» de su valor urbanístico, y, pese a ello, nunca ha llegado a tramitar proyecto alguno.
Conocedora de la resolución judicial, la presidenta del Consell, Maite Salord, ya ha anunciado que, en caso de que ésta adquiera firmeza, luchará por lograr la revisión extraordinaria de la primera sentencia, que obliga a la institucion a pagar 28,8 millones a la promotora.
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Efectué a primeras horas un comentario en otra noticia, dejando claro la incompatibilidad de ciertos dirigentes políticos con el ejercicio al mismo tiempo de su profesión liberal (abogados, médicos, etc.) todo ello al hilo de la alcaldesa de Alaior y confundido por la noticia que en su página 9 publica hoy el diario de Menorca. Veo que en este digital dicha noticia ha insertado a la abogad Cristina Gómez, añadiendo abogada barcelonesa, de esta manera, evitamos la confusión con la vicepresidenta del consell, también abogada y del mismo nombre y primer apellido, corrección oportuna y aclarativa. No obstante, sirve el mismo comentario para que esta última, deje claras sus posibles compatibilidades en el cargo, claro está que también la trasparencia.