Susana Mora quiere recuperar el Consell de la Joventut | Javier Coll

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Será presidenta del Consell dentro de 21 meses... muy lejos todavía para quien se acaba de estrenar en el gobierno. Ahora Susana Mora (Maó, 1982) es vicepresidenta, consellera de Ocupación, Proyección Económica, Juventud y Deportes, y coordina al grupo de consellers del PSOE. Asegura que tras una dura negociación del pacto con Més y Podemos, la puesta en marcha del equipo de gobierno no ha sido complicada. Afirma que sus relaciones con la presidenta Maite Salord (Més) y la vicepresidenta Cristina Gómez (Podemos) son «fluidas y noveles, con posibilidad de mejora porque justo hemos empezado. Hemos establecido una forma de funcionar muy transversal».

Su currículum todavía no está en la web del Consell. Era un compromiso de lo que ustedes llaman transparencia.
— (Ríe) Es verdad. Era uno de los primeros deberes, pero la rutina diaria te come el tiempo. Además el técnico informático se fue de vacaciones... Lo voy a hacer ya.

¿Qué hará Susana Mora para ser más transparente?
— Reconozco que a veces se hace demagogia con el tema de la transparencia. Para mi es facilitar la información a los ciudadanos, con la explicación suficiente para que el tema se comprenda.

¿También hay que facilitar el acceso a los periodistas? ¿Con o sin protocolo?
— Por supuesto. Siempre que se respeten los límites legales, por ejemplo la Ley de Protección de Datos. Y para asegurar eso sí que podría existir un protocolo.

¿Con Marc Pons en la Conselleria de Presidencia y como portavoz del Govern les escuchan más en Palma?
— No sé cómo era antes esta relación. Ahora es muy correcta y muy fluida. Nos hemos visto varias veces en persona y los contactos son frecuentes. Está siendo muy fácil.

¿El conflicto interno que vivió el PSOE entre Marc Pons y Vicenç Tur no afecta a esta relación institucional?
— En absoluto. Con sinceridad. Que yo liderara la renovación de la candidatura pretendía evitar estas posibles sombras por situaciones vividas en épocas anteriores.

Un posible punto de discrepancia en el equipo de gobierno puede ser la Norma Territorial. Santiago Florit ha anunciado que no se suspenderá su aplicación, cuando se trata de un compromiso del pacto.
— El conseller me ha matizado que no se ha referido a no suspender la Norma, sino a que se están revisando los artículos. Es cierto que no se ha suspendido de momento.

¿Ha tratado el equipo de gobierno de la suspensión de la Norma Territorial?
— No, todavía no se ha tomado una decisión. De todas formas el acuerdo de gobernabilidad no se refiere a la suspensión, sino a la revisión de los artículos desreguladores. Se está trabajando en eso y en los cambios legislativos a nivel balear.

El cierre o no del aparcamiento de Cala en Turqueta ¿fue un tema de discrepancia en el equipo de gobierno?
— Podría haberlo sido si nos centráramos en los titulares, pero formamos un equipo y no ha existido un problema. Analizamos los temas juntos y no vamos a golpe de titular.

Sin embargo, el PSOE era partidario de no cerrar el parking en agosto y después la presidenta tomó la iniciativa y se cerró en pocos días. ¿No es eso una desautorización del conseller Florit?
— Puede dar esa impresión, pero la secuencia de los hechos es que, en primer lugar vemos que en agosto es complicado cerrar el aparcamiento, pero después todo el equipo de gobierno analiza los riesgos de mantenerlo abierto y se adopta una decisión. La presidenta coge el tema porque lleva Carreteras y le compete. No hay desautorización.

La moratoria de grandes superficies aprobada por el Govern impedirá a corto plazo la instalación de Decathlón y Leroy Merlin, que ya están en Eivissa. ¿Se protege así al pequeño comercio?
— No estamos en contra de las grandes superficies. Es una cuestión de equilibrio. Y para asegurar este equilibrio debemos contar con herramientas reguladoras y con la implicación del sector. Vamos a aprobar un nuevo Plan Director Sectorial de Comercio. Eso no quiere decir que no puedan abrirse si comercialmente es interesante para la Isla. Hay espacio para todos pero siempre con equilibrio.

¿Puede garantizar que en cuatro meses se dispondrá del centro Bit de Alaior para no perder la inversión estatal de 5 millones?
— Lo que le puedo asegurar es que nos estamos deshaciendo en esfuerzos para conseguirlo. Es difícil hacer en seis meses lo que no se ha hecho en cuatro años. Intentamos acortar los plazos administrativos en todo lo que se pueda.

¿Cuál es su nivel de optimismo sobre la recuperación económica?
— La economía es cíclica y es cierto que iniciamos de forma lenta la recuperación, Sin embargo las políticas del PP provocan que en el inicio de la recuperación exista un riesgo de exclusión social de muchas personas. El momento político es delicado porque la economía juega a favor pero no podemos olvida la herida tan grande que tiene la sociedad. 1.100 personas en agosto sin empleo ni prestaciones es un drama. El número es superior si tenemos en cuenta a los que ya no salen en las estadísticas. Hay que aplicar un plan de choque, que es la tirita, y preocuparnos de ayudar a la actividad económica.

¿Hacía falta una campaña tan intensa de inspecciones para detectar casos de explotación laboral?
— Hay que evitar el fraude laboral porque hay muchas empresas que hacen las cosas bien. Puede que no se detecten empresas sumergidas, pero hay casos de explotación laboral, a veces en la fina línea de acuerdos entre empresa y trabajador para jornadas excesivas y menos descansos, que también pueden considerarse explotación. Y que eso pase en una buena temporada turística es más grave.

¿Es irrenunciable la residencia para enfermos y familiares en Son Espases?
— Es irrenunciable garantizar que exista la residencia, pero no es imprescindible que sea de nueva construcción. Esto depende del presupuesto. Con esto no incumple el pacto de gobierno.