Los entes públicos dirán si una obra es o no posible antes de tramitarla

El objetivo de esta iniciativa, adelantó ayer la consellera Marta Vidal, es «aumentar la seguridad jurídica real de toda obra, evitando con ello que un inversor deba pagar a un arquitecto y un abogado para que le tramiten un proyecto que luego la administración puede no considerar viable».

La titular de Ordenación del Territorio entiende que «cabe evitar que alguien pueda gastarse de un dinero de forma innecesaria». Para ello, bastará con que todo particular o promotor esboce la propuesta que quiere llevar a cabo ante el Consell o su ayuntamiento y que, «presentando una pequeña memoria y pagando una cuota, pueda saber ya si debe seguir adelante o no con la tramitación».

El texto que se propone se centra también en las cuestiones ambientales y en la definición del modelo a seguir tanto por lo que respecta a la ocupación máxima de las parcelas o la obligación de crear zonas verdes y carriles-bici incorporados a todos los proyectos que se promuevan.

Estas son las novedades más importantes del documento en el que ha venido trabajando la consellera durante los últimos meses y que esta mañana será presentado públicamente en la sede de la plaza Biosfera de Maó con la intervención de Ángel Menéndez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid; el arquitecto y abogado Antoni Ramis; la arquitecto del Consell de Menorca, Laura Colom; y el asesor jurídico del Consell de Mallorca, Jaume Munar.

Proceso participativo

Este acto servirá para «abrir un proceso participativo previo a la aprobación inicial del reglamento», un procedimiento que ya se siguió con la Norma Territorial Transitoria (NTT) y que «ha resultado ser superenriquecedor».

La idea, apunta la consellera Vidal, es que «toda la sociedad, los colectivos profesionales y los municipios puedan expresar su parecer para que ésta sea una herramiento útil y aplicable a la realidad de Menorca».