PlLos primeros en poner cara al drama hipotecario en Menorca, Paola y David, en una imagen de archivo de 2012.

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Un entramado burocrático para neutralizar el derecho a la queja o la denuncia que, en muchos casos, deja a los endeudados con una hipoteca totalmente indefensos. Así resumen algunos activistas de los colectivos antidesahucios las dificultades de acceso a la justicia para los afectados por una ejecución hipotecaria. Pero además, los propios letrados que trabajan codo con codo con las plataformas para negociar con los bancos y evitar los desahucios, critican que algunos colegas de profesión aplican «minutas de mercado pero fuera de las posibilidades del cliente».

Quien formula esta crítica vive directamente el problema de las hipotecas. Es Aina Díaz, abogada que trabaja para el Consulado de Ecuador en Balears, asesora específicamente a ciudadanos ecuatorianos que residen en las Islas, dentro de un servicio creado por la Embajada de Ecuador en España. Díaz denunció recientemente en las redes sociales el cobro de minutas elevadas por abogados «no honestos» a afectados por desahucios, aún a sabiendas de que van a ser insolventes.

«Yo no digo que no se cobre, los abogados tenemos que comer, pero hay un término medio y hay que cobrar lo justo», declaró ayer Díaz al MENORCA, «lo que hacen está permitido por la ley, el problema es el sistema y el abogado que aprieta la tuerca de personas que se están quedando sin casa».

Y la tuerca se aprieta tanto que hay quien sale del juzgado sin casa, debiendo todavía dinero al banco y habiendo firmado una jura de cuentas a su abogado, es decir, un reconocimiento de los honorarios que no ha podido pagar al profesional que le ha llevado el caso y que serán embargables de su nómina, si la tiene. Aina Díaz, quien afirma que la labor de las plataformas «es fundamental» y considera la de Menorca «muy efectiva y con gente muy dispuesta», recomienda por tanto a los afectados por la hipoteca sin justicia gratuita que busquen «abogados sensibilizados», y reivindica que se cobre «lo justo, no hay que trabajar gratis pero se trata de proteger a los afectados».

En Menorca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha centrado parte de su actividad en defender el derecho a la justicia gratuita de los afectados. La situación ha ido mejorando, pero algunos activistas recuerdan que con los primeros casos «ni siquiera querían recoger la solicitud» en el Colegio de Abogados.

Personas próximas a este movimiento corroboran que los baremos para acceder a un letrado de oficio son estrictos y que personas que se quedan sin esta opción «por los pelos» recurren a abogados particulares que les plantean tarifas que no pueden asumir. Dos o tres mil euros por personarse «y en algún caso solo comprobar que existe una cláusula abusiva» son precios bastante habituales.

Otros problemas detectados son que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita «funciona más como un filtro» que para ayudar a los hipotecados, y que algunos abogados de oficio toman estos casos «con un pasotismo que roza la negligencia».