El exconcejal Gabriel Cardona, al prestar declaración en el Juzgado. | Archivo

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Tres años y medio después de su detención como principal implicado en el caso Citur (Ciutadella Turisme), el exconcejal Gabriel Cardona Rotger ya no deberá visitar el Juzgado cada quince días y volverá a disponer de pasaporte para viajar a donde quiera.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, María Belén Velázquez, ha accedido a la petición de su abogado, Carlos Nadal, para que se retiren las medidas cautelares que se habían dictado en su contra, al ser puesto en libertad con cargos el 1 de abril de 2011.

«No tenía mucho sentido mantenerlo así con todo el retraso que acumula la instrucción del caso», dijo el letrado, satisfecho de la resolución judicial de este viernes 31 de octubre que deja las medidas sin efecto.

El otro imputado que también soportó durante largo tiempo un 'control' similar por parte del Juzgado fue el exconcejal y expresidente del PP-Ciutadella, Avel·lí Casasnovas.

Por contra, no llegó a decretarse medida cautelar alguna que afectase a los otros dos detenidos en la llamada 'Operación Xoriguer', el entonces alcalde Llorenç Brondo y el empresario Joan Manuel Mercadal.

Esta resolución, comunicada hace apenas unos días, es la única noticia sobre el caso que han tenido las partes desde que en diciembre del año pasado se mandaron los recursos de los abogados defensores de los 14 imputados a la Fiscalía Anticorrupción para que redacte los escritos de respuesta pertinentes. Pero el colapso de los fiscales, inmersos en otras investigaciones de gran trascendencia en las Islas, impide avanzar en la instrucción.

Cinco delitos penales

El Juzgado imputa cinco delitos a Gabriel Cardona, quien ejerció como concejal de Turismo entre 2003 y 2009, cuando dimitió. En concreto, se le atribuyen presuntos ilícitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.

Varios de estos delitos también se imputan a otros miembros de aquel equipo de gobierno, igualmente procesados. Es el caso del exalcalde Llorenç Brondo y los entonces concejales de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y Hacienda, Antònia Gener, y la que fuera alcaldesa accidental, Antònia Salord Moll.