El fiscal destaca que falta el segundo test de alcoholemia

La pena solicitada por el fiscal es ostensiblemente inferior a la requerida por la acusación particular, que estima que el joven español que conducía el coche que chocó con el grupo de ciclistas debe ser castigado con hasta doce años de prisión. La lista de delitos imputados es similar, solo que la acusación particular habla de dos infracciones contra la seguridad vial y el fiscal de una.

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La diferencia radica en que la acusación particular le imputa el delito que aparece en el punto 2 del artículo 379 del Código Penal («conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas»), algo que no hace el fiscal. Además, y en parte como consecuencia de ello, las víctimas piden las penas más altas en cuanto a homicidio imprudente, es decir, cuatro años de cárcel, mientras que el Ministerio Público realiza una interpretación menos severa de los hechos.

El fiscal describe en su escrito de acusación la conducción temeraria del imputado, así como la ingesta de alcohol «que afectaba a sus facultades de reacción, atención y percepción». Aún así, pone el acento en que 42 minutos después del atropello Lluís V.G. fue sometido a una primera prueba de alcoholemia, que dio como resultado 0,20 mg/l de alcohol en aire respirado (por encima del límite para un novel como es el caso) pero no a la segunda que es preceptiva en estos casos «al ser trasladado al hospital».

Cabe recordar que horas después del accidente el acusado y el copiloto, que dio una cifra superior de alcohol en aire respirado, se marcharon de la Isla, prestando declaración ante efectivos de la Guardia Civil pero sin haber comparecido ante un juez.