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El intento de arrendamiento del club de alterne El Caballo Blanco de Es Migjorn, las circunstancias que llevaron a dos empresarios de la construcción a interesarse por explotar dicho local, y qué pasó con el dinero que aportaron mediante cinco pagarés -un total de 174.000 euros-, a Jaime Luis E. S. y Daniel H., acusados de un delito de apropiación indebida, tejen la madeja que ayer la sala de la Audiencia Provincial intentó desenredar en un juicio celebrado en Maó y que había sido suspendido en otras dos ocasiones anteriores por las ausencias de los implicados en el caso.

Tras una sesión de más de cuatro horas y el interrogatorio a los acusados, los dos querellantes -hermanos y administradores de la mercantil Obres González Martínez S.L.-, y cuatro testigos, entre ellos el empresario Valeriano Allés, el alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, y el propietario del club, Joan Barber Moll, el juicio quedó visto para sentencia con la petición de 4 años y 6 meses de carcel por la acusación particular para Jaime Luis E, por un delito continuado de apropiación indebida y un año más por falsedad documental, retirando la acusación contra Daniel H.

El fiscal consideró probado que los fondos se utilizaron en beneficio propio en lugar de gestionar el arrendamiento del club, y mantuvo su escrito de acusación en el que solicita 7 años de prisión para cada acusado, así como una indemnización solidaria de 174.000 euros a los querellantes, manifestando no obstante sus dudas sobre la participación de Daniel H. en los hechos. Por su parte, los letrados de la defensa solicitaron la libre absolución de ambos.

En el caso de Daniel H., por considerar que fue utilizado y que desconocía los negocios de Jaime Luis E. S., a quien le unía la relación sentimental que mantenía en aquella época, finales de 2007, con su hija. En cuanto a Jaime Luis E., su letrado argumentó que en realidad los constructores nunca quisieron hacerse con El Caballo Blanco, sino que pasaban por un momento de dificultad económica y emitieron «pagarés pelota o de favor» al acusado para obtener fondos. En cuanto al contrato de arras para arrendar el club, en el que apareció la firma del dueño del local -falsa, según su testificación-, la defensa señaló que se trataba del «andamiaje» para «hacer que todo tuviera sentido».