El GOB denuncia que el proyecto de mejora de la carretera general en el tramo Maó-Alaior mantiene su impacto ambiental a pesar de las reducciones introducidas. Esto se debe a que no desaparecen las rotondas soterradas, con un gran consumo de territorio y una evidente alteración de la percepción paisajística desde la Me-1. Además, la entidad ecologista desconfía de la nueva cartografía presentada por el Departamento de Movilidad del Consell, puesto que la reducción de la superficie consumida se lleva a cabo sobre planos en la anchura de los viales y teme que, con excusas normativas, acabarán siendo más anchos.
Los ecologistas, en boca de su coordinador territorial, Miquel Camps, advierten además de que las rotondas soterradas contravienen algunos informes técnicos que manejaron la Comisión Balear de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Maó, «que son demoledores respecto de la poca justificación de las megarotondas».
El informe de uno de los técnicos de la Comisión desaconseja la rotonda soterrada de Biniai por «todos los impactos ambientales» por lo que insta a buscar una alternativa, mientras que en los casos de Rafal Rubí-Alcaidús y La Argentina se califica las actuaciones de injustificadas y desproporcionadas.
Argumentan los ecologistas que estos documentos no fueron tenidos suficientemente en cuenta, sino que el Comité Técnico acabó votando unas prescripciones mucho más suaves, que consisten en la reducción del impacto de las infraestructuras y la eliminación del enlace del Camí de Loreto, lo que atribuye a una decisión política.
Y es que el GOB atribuye las rotondas soterradas a una decisión política, puesto que, dice, no estaban ni en el pliego de condiciones de la redacción del proyecto ni en el propio proyecto. No comparte Miquel Camps los argumentos por los que se acabaron descartando las medias lunas laterales, ya que niega que se puedan atribuir a cuestiones de seguridad y, dice, se emplearán en otras intervenciones en la carretera.
Camps considera que la respuesta del Consell al informe del RACC es «francamente inconsistente» e insiste en que «alguien ha obligado a poner rotondas inferiores en un proyecto que no las contemplaba. A medida que se conocen nuevas valoraciones, el conseller Alejandre más se enroca». Denuncia que desde hace cuatro meses pide consultar el expediente y el equipo de gobierno no accede, «un caso inaudito, sin precedentes en Menorca».
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