Guillem Ferrer renuncia al cargo de delegado de Educación

El motivo de la renuncia es el malestar que su nombramiento ha generado entre la propia comunidad cristiana, con críticas tanto personales como incluso a su familia. Cabe recordar que Guillem Ferrer es diácono permanente, además de periodista y profesor de Religión.

Ferrer expone que su nombramiento para un cargo público fue completamente legal y legítimo. Recuerda que no necesita permiso explícito del obispo, al cual informó debidamente de todos los pasos que se estaban dando en este sentido. Ferrer quiere evitar controversias, sobre todo entre los fieles de la Iglesia Católica, por lo que opta por la renuncia al cargo. Considera que ha sido "injustamente judicado" y asegura que le hubiera gustado contribuir a la mejora de la educación en la Isla.

Ferrer fue nombrado delegato territorial de Educación tras la renuncia de Julián Hernández en un momento convulso por el expediente abierto a tres directores de instituto.

Los tres directores de Maó confían en que sus alegaciones serán atendidas

Los directores de los tres institutos de Maó, suspendidos de forma cautelar de sus funciones a raíz del rechazo que los consejos escolares mostraron hacia las enmiendas del Govern a su proyecto de aplicación del decreto TIL, confían en que se atenderán sus alegaciones, que preparan de forma conjunta, y que la Conselleria rectificará lo que consideran una medida errónea. Desde ADESME, su portavoz, Rafel Andreu, no esconde que "estamos esperanzados al respecto".

Y es que desde ADESME entienden que estos tres directores han cumplido en todo momento la ley al someter las enmiendas presentadas por el Govern a la votación de los consejos escolares. Además se sienten defraudados por la actitud de la Conselleria, puesto que en un contexto de gran inseguridad jurídica entorno al TIL (se aprobó un decreto, unas instrucciones, luego otras instrucciones que han sido recurridas por ADESME) intentaron en todo momento sacar adelante los proyectos TIL, cumpliendo la normativa, por lo que entienden que el expediente de Educación "es una muestra de deslealtad hacia unos funcionarios que simplemente han realizado su trabajo. Hemos trabajado mucho con el tema del TIL, hemos sido fieles a la administración, y nos lo pagan con un expediente".

El requerimiento que recibieron los directores a finales de julio indicaba que el proyecto presentado por cada instituto no se ajustaba a la normativa, que los centros debían enmendarlo según las indicaciones de inspección y que los equipos directivos tenían cinco días para presentar un nuevo proyecto. Los directores aseguran que así lo hicieron. Es decir, elaboraron un nuevo proyecto y lo sometieron a la votación del órgano soberano en cada centro, es decir, el consejo escolar, que fue quien rechazó las enmiendas, no los directores de cada centro, ya que no pueden hacerlo en virtud de la legislación vigente, dice ADESME.

Los tres directores suspendidos consideran, y así lo manifiesta ADESME, que han visto vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, ya que se les ha señalado desde el Govern como funcionarios que han incumplido la ley. Creen que medida es arbitraria, inaudita y desproporcionada.