La reunión de la Agenda Local 21 de Sant Lluís terminó ayer en una confrontación entre algunos de sus integrantes, así como miembros del equipo de gobierno, y manifestantes que irrumpieron en la sala de plenos del Consistorio para forzar que el vertido de los lodos del dragado del puerto de Maó se debatiera por la vía de urgencia en la sesión.
El alcalde de la localidad, Cristóbal Coll, se mostró anoche, en declaraciones a este diario, "muy dolido" con la forma en que se desarrolló la protesta y con "la actitud de algunos miembros de este colectivo".
Además, en paralelo a estos acontecimientos, el gobierno municipal de Sant Lluís, del Partido Popular, tomó ayer una postura formal de desacuerdo con el punto escogido por Autoridad Portuaria de Balears (APB) para verter al mar los fangos procedentes del dragado del puerto de Maó, a 1,2 millas de la costa y a 1,8 millas de la urbanización de s'Algar.
Cabe recordar que APB prevé extraer 200.000 metros cúbicos de lodos repartidos en una superficie de 250.000 metros cuadrados de la rada mahonesa.
En un comunicado, el Ayuntamiento manifestó su "preocupación y desacuerdo ante la temporalidad de esta obra y el lugar escogido". Para el gobierno local "sería conveniente que Autoridad Portuaria valorara la idoneidad de acometer esta actuación a finales de la temporada turística".
Asimismo, el equipo de Cristóbal Coll cree que, pese a que el dragado cuenta con todas las autorizaciones pertinentes, sería "oportuno que se hiciera un nuevo estudio para hallar otra zona de vertido, dada la proximidad de nuestra costa al lugar donde se quiere realizar esta acción", señala el comunicado oficial.
Preguntado sobre esta cuestión, Coll afirmó que "el Ayuntamiento no tiene ninguna potestad, hemos tenido toda la información de Autoridad Portuaria, pero estamos preocupados, pensamos que puede ser en un punto más alejado y que esta acción se podría posponer para no afectar a la temporada turística".
Mientras los miembros del gobierno municipal debatían este tema, Coll señaló que comenzaron a oir pitidos y gritos en las dependencias municipales. Fue entonces cuando el alcalde se dirigió a la sala de plenos para hablar con los manifestantes y se vivieron algunos momentos de tensión.
"Han impuesto que se tratara el tema del vertido, hablan de derechos y de participación ciudadana pero se han cargado la participación de las personas que cada mes trabajan en la Agenda Local 21", declaró molesto el alcalde de Sant Lluís.
Coll se dirigió asimismo a los protagonistas de la protesta, algunos de ellos a título individual, otros pertenecientes al colectivo 15-M o a fuerzas políticas, y aseguró que "aquí en el Ayuntamiento de Sant Lluís recibimos a todo el mundo, si querían ser recibidos podían haberlo solicitado, creo que las formas les han fallado. Había gente que nunca viene a Sant Lluís ni sabía si yo era el alcalde", afirmó.
El colectivo busca parar el proyecto y cuenta con más apoyos en la red
Una portavoz del grupo de manifestantes, Laia Galcerán, declaró al "Menorca" que solo invadieron el espacio municipal para forzar que se incluyera el tema del vertido de los lodos en el orden del día y para leer su manifiesto, algo que consiguieron después de discutir con los miembros de la Agenda Local 21 y con los del equipo de gobierno, incluido el alcalde.
Galcerán aseguró que la protesta no ha sido organizada por un colectivo concreto sino que "hemos venido como ciudadanos", para llevar a cabo la segunda acción de protesta contra el vertido en la costa de Sant Lluís. La tercera acción está prevista hoy a las 10 horas en la sede del Consell en Maó.
En paralelo continúa la recogida de firmas en la plataforma social Change.org de internet contra el vertido, y hasta el momento se han recogido casi cuatro mil apoyos, en concreto y al cierre de esta edición 3.903 firmas.
Esta portavoz cifró la participación en el acto de protesta en Sant Lluís en más de un centenar de personas y aseguró que la intención de este grupo de ciudadanos es paralizar el vertido porque "será perjudicial para el medio marino, para la salud de las personas y también para el turismo".
El movimiento critica la pasividad de los representantes políticos y también de las empresas del sector turístico menorquín, ante lo que consideran un atentado medioambiental de primer orden, basándose en los informes hechos públicos por la organización Oceana.
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