No parece que la denuncia formulada por Oceana ante la UNESCO vaya a intimidar a Autoridad Portuaria de Balears (APB) ni a paralizar el proyecto de verter el material dragado en el puerto de Maó en el mar.
El ente público respondió ayer a la organización ecologista, a través de un comunicado, e insistió en que el vertido controlado cuenta con todos las autorizaciones e informes necesarios para este tipo de proyectos que se realizan en España.
Además, puntualiza la nota, "es el procedimiento recomendado por las administraciones competentes, puesto que su extracción, tratamiento y vertido en tierra podrían provocar impactos ambientales de mayor magnitud". Entre dichas repercusiones del tratamiento de los lodos en tierra firme, APB destaca la salinización de los acuíferos de Menorca a causa de la filtración del agua de mar que resultaría del depósito en tierra de miles de metros cúbicos de fangos con altas concentraciones de sal.
"Así lo constata el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), que apunta además otros inconvenientes por los que fue descartada la gestión en tierra de los materiales a dragar", señaló Autoridad Portuaria.
Otro problema sería el consumo energético y el impacto ambiental que provocaría el transporte por carretera, mediante camiones, de 200.000 metros cúbicos de material pastoso o semilíquido, así como todos los asociados a la desubicación de especies vivas de un medio marino a otro terrestre.
Según APB, desde el punto de vista administrativo y de gestión, todo este operativo retrasaría y encarecería de tal manera la obra que "haría inviable el dragado, con las consiguientes y graves implicaciones que ocasionaría para el tráfico marítimo del puerto, en especial para el de cruceros y los buques de mayores dimensiones".
Obras Públicas
APB también recuerda que el proyecto cumple las recomendaciones del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), organismo de referencia en España sobre el tratamiento del material procedente de dragados.
Dichas recomendaciones solo contemplan el vertido de forma controlada al mar, y no en tierra, del material catalogado, por su nivel contaminante, como de categoría II, que es el que tienen los fangos que serán extraídos del fondo del puerto de Maó.
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