La gran mayoría de los once acusados por un delito de tráfico y distribución de droga colaboraron con la Policía Nacional en las investigaciones que se llevaron a cabo en Menorca desde octubre de 2009. Así lo afirmaron los agentes que ayer testificaron durante la vista oral que se celebró en el Juzgado de lo Penal de Maó, quienes indicaron que las pesquisas comenzaron tras un "soplo" que alertaba de la venta de cocaína en un local de ocio nocturno de Maó.
Los efectivos policiales que declararon ante los magistrados de la Audiencia Nacional desplazados a la Isla apuntaron que, al ser detenidos, muchos de los imputados confesaron rápidamente su implicación en los hechos e incluso alguno de ellos llegó a facilitar la identidad de sus proveedores y compradores de droga, lo que agilizó la investigación.
En este sentido, el Ministerio Público optó finalmente por modificar el escrito de acusación teniendo en cuenta la confesión de los acusados, de modo que rebajó la pena solicitada de seis a tres años para diez de los once inculpados. Sin embargo, los abogados defensores no aceptaron la condena propuesta por la representante de la Fiscalía e intentaron evitar el regreso a prisión de sus clientes alegando que la escasa entidad de los hechos y las circunstancias personales de los acusados.
Escuchas telefónicas
Los letrados intentaron demostrar durante la declaración de los agentes policiales la falta de indicios a la hora de solicitar las intervenciones telefónicas. Según relataron los efectivos de la Policía Nacional que testificaron durante el juicio, la investigación se inició a raíz de una información anónima en relación a la venta y distribución de cocaína en un local de Maó.
Las pesquisas se centraron en un primer momento en un individuo residente en Alaior (P.O.L.S) y, al determinar que su nivel de vida no se correspondía con sus ingresos, solicitaron el "pinchazo" de su teléfono.
Otro de los primeros inculpados reconocidos por la Policía Nacional fue C.O.C.R, que vivía en Es Mercadal, a quien también se le intervino el móvil tras detener a un individuo marroquí que confesó que le había comprado seis papelinas de cocaína y basándose también en las observaciones de un Policía Nacional que vivía también en Es Mercadal y que, según dijo, "tomaba café en el mismo bar que C.O.C.R".
Las conversaciones telefónicas entre P.O.L.S y C.O.C.R llevaron a la Policía hasta J.R.B.D quien, según aseguraron los agentes, era el nexo de unión entre todos los imputados. A través de éste último se intervinieron los teléfonos del resto de los acusados. "Fue un efecto dominó", admitió uno de los efectivos policiales. Sin embargo, la declaración de los policías no convenció a los abogados defensores, quienes reiteraron en sus conclusiones que no existían pruebas suficientes para "pinchar" los teléfonos e insistieron en la nulidad de las escuchas.
Los letrados mantuvieron que las intervenciones solicitadas se basaron en simples sospechas y recalcaron la inexistencia de otras líneas de investigación. "Sin las escuchas, no hay pruebas", sentenció por su parte el abogado Carlos Salgado.
En esta línea, la mayoría de las defensas reclamaron la absolución de sus clientes aunque, subsidiariamente, pidieron la aplicación de penas no superiores a los dos años, lo que evitaría que entraran de nuevo en prisión. Los abogados recordaron en este sentido que muchos de los inculpados han permanecido en la cárcel durante periodos de hasta 15 meses. "El castigo ha sido más que suficiente", aseveró uno de los abogados.
A día de hoy, el único de los imputados que continúa en situación de prisión provisional es A.E.J., para quien su abogado reclamó la consideración como cómplice y no autor de los hechos, puesto que su misión era custodiar la droga en su domicilio y no se ha demostrado que procediera a su venta en ningún momento.
La vista oral finalizó con las palabras de los inculpados, que aprovecharon su última intervención para mostrar de nuevo su arrepentimiento y apelar a sus familias. "Estos han sido los días más duros de mi vida. Le he visto las orejas al lobo y quiero seguir con mi vida, que es realmente lo que me interesa", espetó uno de los imputados. El juicio quedó de este modo visto para sentencia.
El imputado más "torpe"
El que fue calificado por los agentes como "nexo de unión" entre todos los acusados, J.R.B.D., fue el único para el que el Ministerio Fiscal mantuvo la pena inicial de seis años de cárcel. La representante de la Fiscalía adujo que el acusado no reconoció los hechos durante los interrogatorios y que, a pesar de su insistencia, "se dedicó únicamente a marear la perdiz".
Su letrado, Carlos Salgado, rebatió al Ministerio Público recordando que su cliente llegó a admitir ante la Sala que "trapicheaba" para sufragar su adicción a la cocaína. El abogado reconoció la "torpeza" de su cliente al intentar contestar a las preguntas de la Fiscal, aunque también acusó a ésta de pretender "linchar" al acusado.
En sus conclusiones, Salgado pidió una pena máxima para J.R.B.D de entre un año y medio y dos años de prisión, la misma que para A.R.G, encargado de transportar una de las partidas de droga desde Madrid hasta Menorca en una furgoneta.
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