El Real Aeroclub de Mahón sigue a la espera de conocer si el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) se resuelve a su favor y queda de ese modo eximido del pago de la multa de 135.000 euros que le fue impuesta por su actividad de vigilancia forestal.
Así lo comunicó el presidente de la entidad, José Luis Barrero, a los socios que asistieron a la última asamblea celebrada el pasado 30 de marzo, ya que el litigio, que se inició en diciembre de 2010 a raíz de la denuncia por intrusismo que presentó la Asociación Española de Compañías de Trabajos Aéreos (AECTA), es una de las cuestiones que preocupa a la dirección del Aeroclub y que planea sobre su futuro.
"No hay todavía un fallo judicial y tampoco se ha instado la ejecución del cobro de la multa", declaró ayer José Luis Barrero, "así que nosotros seguimos con nuestra actividad normal, sin que nos influya de momento este tema".
Sin embargo, el presidente del Real Aeroclub admitió que la posibilidad de que se ejecute la multa y la incertidumbre de no saber aún si el recurso prosperará o no pesan en la gestión diaria, ya que una sanción como la aprobada por AESA compromete la viabilidad del club. Cabe recordar que la denuncia por intrusismo se produjo como consecuencia de los vuelos que realizaban los pilotos del Aeroclub para colaborar en la vigilancia y prevención de incendios, en colaboración con el Consell.
En el momento de producirse la denuncia y la multa posterior de AESA, el Aeroclub recurrió al gobierno insular, entonces en manos del pacto de izquierdas, para recabar ayuda.
Ese apoyo se plasmó en un convenio de colaboración, con vigencia de diez años (a contar desde 2010), por el que la institución se comprometía a aportar 14.000 euros anuales a la entidad, un dinero que sólo se haría efectivo como contraprestación, y previa justificación, de actividades puestas en marcha por el Aeroclub. Dicho convenio tenía por objeto ayudar al club a conseguir un aval bancario para afrontar la posible ejecución de la multa de AESA, pero finalmente, pese a estar vigente, no ha llegado a aplicarse, y tampoco la entidad consiguió el aval.
De este modo, la amenaza de la sanción económica se mantiene latente y hace peligrar una asociación con más de 40 años de historia que, según subrayó su presidente, "si se tuviera que construir ahora seguramente no se haría y que es la envidia de todos los que vienen de fuera de Menorca".
El proceso de reversión de terrenos, en su fase final
Además de la resolución sobre la denuncia que ha puesto en jaque al Aeroclub, en 2012 otro "gran tema estructural, que no depende de nosotros", afirmó Barrero, es el de la reversión de los terrenos del Ministerio de Defensa a los herederos de los antiguos propietarios.
Un proceso complejo, que comenzó en 1995, y que debería llegar a su fin este año. Si se confirmara la falta de interés de los herederos por recomprar las fincas, entonces serían las instituciones menorquinas las que deberían negociar el futuro del Aeroclub con los responsables de la Gerencia de Defensa, recordó el presidente de la entidad.
"Creo que no se debería de cometer el error de prescindir de esta instalación", afirmó Barrero, al tiempo que recordó que "sin recursos y con esfuerzo personal" los socios han continuado "mejorando" el Aeroclub "con la mirada puesta en el futuro".
El aeroclub de Mahón mantiene un nivel de horas de vuelo anuales (unas 450 en 2011) muy aceptable, explicó Barrero, dada la crisis económica y la cancelación del convenio de vigilancia forestal con el Consell.
2012 también es el año en el que la junta directiva actual se enfrenta al final del mandato de cuatro años, concretamente en el mes de noviembre. Barrero admitió que hay cierto "desgaste" personal pero no desveló si optará o no a renovar el cargo como presidente del Aeroclub.
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