La juez que instruye el caso CITUR tiene claro que las presuntas irregularidades detectadas en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella durante el gobierno del PP supusieron un perjuicio para las arcas municipales. Así lo asegura la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella en un auto que ayer difundió parcialmente UPCM, el partido que ejerce la acusación particular en este caso, a través de su página web.
En su auto, la juez confirma las conclusiones que acordó la comisión municipal de investigación. Así, el texto dice que "desde organismos públicos dependientes del Ayuntamiento de Ciutadella y con anterioridad a la presentación de los presupuestos y de su posterior contratación, se solicitaba a la empresa SAB (propiedad del gerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ciutadella, Javier Liy) la realización de los proyectos indicando que con posterioridad se iniciarían los procesos de contratación, llegándose al extremo, en algunos supuestos, de que cuando se presentaban los presupuestos las obras ya habían sido realizadas".
La juez entiende que esta manera de proceder "se vedaba el acceso de terceras empresas capaces de ofertar precios más competitivos, lo que sin duda redundó en un perjuicio para las arcas municipales, toda vez que se llegaron a abonar proyectos a precios superiores a los recomendados por los colegios profesionales".
La magistrado señala directamente al exconcejal de Turismo, Gabriel Cardona, como el responsable de la adjudicación directa de los proyectos de su área a la empresa SAB. De Cardona la juez asegura que "previamente había encargado los proyectos y sus respectivas condiciones por acuerdo verbal y sin respetar las reglas y normas que la contratación y el manejo de caudales y efectos públicos exige". Según la juez, Cardona realizaba estos encargos a Javier Liy, quien a su vez se valía del ingeniero Daniel Aguiló para la redacción de los proyectos. Según el auto judicial, Gabriel Cardona "aceptaba sin más" los presupuestos de los proyectos que se pactaban entre Liy y Aguiló.
Estas maniobras se realizaban de manera calculada, según se desprende del auto judicial.
Así, la magistrado apunta que "era tal el grado de concierto y de impunidad entre los implicados que, a fin de dar aparente legitimidad a unos expedientes administrativos que no se habían tramitado con arreglo a derecho, se llevaron a cabo tan burdas maquinaciones que incluso en algunos casos consistieron en hacer desaparecer y cambiar resoluciones y adjudicaciones, todo ello con la necesaria participación de particulares, algunos técnicos y funcionarios públicos, dado que en varias ocasiones y a fin de eludir el procedimiento administrativo correspondiente, se faltaba a la verdad en la narración de los hechos obrante en los expedientes administrativos falseando con ello dichos documentos públicos".
Según la juez, Llorenç Brondo conocía algunas irregularidades
El auto judicial de la juez del caso CITUR deja claro que el entonces alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo, no era ajeno a las irregularidades que se cometían en el área de Turismo.
Así, la juez asegura que "por razón de su cargo, en tanto que alcalde y por ende máxima autoridad del Ayuntamiento de Ciutadella, así como presidente del consejo asesor de CITUR, Llorenç Brondo, al firmar las resoluciones obrantes en la causa era conocedor que las adjudicaciones de determinados proyectos tenían lugar cuando las obras ya habían concluido".
En el fragmento del auto difundido ayer, también se menciona a Avel·lí Casasnovas, de quien se dice que "firmaba antes de tener constancia del contenido del expediente a propuesta de Cardona".
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