La organización ecologista GOB advirtió ayer del peligro de desprotección que existe sobre determinadas zonas naturales con las modificaciones que el gobierno del Consell pretende realizar en el Plan Territorial Insular (PTI).
Pese a que el responsable de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, insistió en que los cambios no persiguen desproteger, sino adaptar el suelo rústico a la Directiva Hábitat "que no se engañe", manifestó, "a través del PTI no se puede reducir la protección porque existen figuras europeas", los ecologistas discrepan y concretan cuáles serán las consecuencias del nuevo articulado.
"La Ley de Espacios Naturales de 1991 dejó sin proteger algunas zonas, debido a las presiones existentes en aquel momento, como toda la parte posterior de la playa de Macarella o uno de los lados del Barranc d'Algendar, y el PTI, que no podía declarar Áreas Naturales de Especial Interés, creó nuevas figuras de protección que ahora desaparecerán si se adecua el suelo rústico a las Directrices de Ordenación Territorial", aseguró Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB.
Dichas figuras son el Área Natural de Interés Territorial (ANIT) y el Área de Interés Paisajístico (AIP), que protegen un total de 14.285 hectáreas (más de un 20 por ciento del suelo rústico menorquín) y que incluyen zonas como Macarella -en concreto la finca de El Perico-, parte del barranco de Algendar, Tirant, Alcalfar, Llucalari y la parte norte del municipio de Ciutadella.
"Desprotegerlo no responde a ninguna coherencia económica", manifestó Camps, quien considera que, si estos terrenos quedan expuestos "se pedirá la tramitación de proyectos, peticiones que intentarán consolidar derechos, no se sabe si invertirán o no, pero en cuanto haya un cambio de gobierno exigirán indemnizaciones".
Para el grupo de defensa de la naturaleza ha sido una buena noticia que el Govern decidiera no admitir a trámite las enmiendas recogidas en la propuesta del Consell, que incluyen además "un cheque en blanco", según Camps, cuando plantea simplificar las matrices de los usos en suelo rural sin concretar los cambios, y resucita la polémica sobre los campos de golf.
El decreto del Govern eliminó condiciones como el uso de agua depurada, la integración paisajística o la restricción sobre urbanizaciones anexas a los campos y la última decisión sobre estas instalaciones deportivas recae sobre el Consell.
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