El Consell de Govern se celebró ayer por primera vez en el Ayuntamiento de Alaior - Javier

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El futuro Parc Bit de Alaior sigue generando sorpresas. El Govern se está planteando la modificación del proyecto inicial para garantizar su viabilidad y hacerlo sostenible. Así lo anunció ayer el portavoz del Ejecutivo de Bauzá, Rafael Bosch, al término de la celebración del Consell de Govern que por primera vez se desarrolló en Menorca.

El primer revés del que hizo hincapié ayer el portavoz y conseller de Educación, Cultura y Universidades fue la subvención, presupuestada en cinco millones de euros, que "aunque llegaron a la Comunidad Autónoma el anterior gobierno no los derivó a su fin", apostilló. Y el segundo, la inviabilidad del proyecto. El Consistorio alaiorense y la vicepresidencia económica del Govern iniciaron una exploración en base a unas encuestas a posibles empresas e instituciones interesadas en ocupar el nuevo edificio que apuntan a que "el centro tecnológico tal y como se había planteado, no es sostenible". Así es como Govern y Ayuntamiento están trabajando conjuntamente en un plan de viabilidad del edificio tecnológico para poder determinar definitivamente su sostenibilidad así como las necesidades del empresariado en dicho vivero tecnológico. Rafael Bosch reconoció que actualmente está en un momento de "impasse".

El Govern se plantea por tanto establecer reuniones con empresas e instituciones con el fin de "plantear un nuevo proyecto y dotarlo de viabilidad".

El portavoz reconoció que "estamos frente a una población con una larga e histórica tradición industrial y estratégica". Por ello, se plantea un consenso con la iniciativa empresarial para encontrar un plan de desarrollo con una trayectoria de futuro. Y es que, según Bosch, el modelo mixto de financiación a partir de la cooperación entre el sector público y privado se presenta como una de las posibles soluciones que el Govern sopesa para la viabilidad del proyecto.

En este sentido, la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, ratificaba ayer "el carácter insostenible que deja entrever el plan de viabilidad" y aunque destaca que el proyecto es necesario e indispensable para el municipio "coincidimos en que levantar un edificio que luego genere graves problemas económicos para su mantenimiento, no tiene sentido". Así, Sugrañes repetía la intención propuesta por el Ejecutivo de Bauzá de reunirse con los empresarios para redireccionar el proyecto y buscar una solución que permita su levantamiento a partir de criterios de viabilidad y sostenibilidad.

Los problemas que sigue acarreando el proyecto del Parc Bit fueron tratados ayer en una reunión entre el equipo de gobierno municipal y los consellers autonómicos.

Pati de sa Lluna
La suspensión temporal de las obras de rehabilitación del Pati de sa Lluna por falta de fondos fue otra de las preocupaciones que ayer por la mañana el equipo de gobierno popular del municipio, así como los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, plantearon al grupo de José Ramón Bauzá. El portavoz del Govern, Rafael Bosch, señaló ayer que el conseller de Turismo, Carlos Delgado, está renegociando con la administración del Estado el sistema de financiación -que dificulta que las obras lleguen a su fin- con una ampliación del convenio de colaboración hasta el 2014. Bosch recordó que el proyecto está financiado a tres bandas con un coste de 5,3 millones. El Gobierno central, a través de Turespaña, costeaba 2,3 millones, otro millón iba con cargo a fondos europeos FEDER y el resto, dos millones más, a cargo del Govern. De la partida que debe apoquinar el Ejecutivo, Bosch avanzó que ya han sido ejecutados cerca de 1,5 millones.

Además resaltaba que las subvenciones externas al Govern no han llegado, puesto que según el convenio "no serán abonadas hasta que las obras no concluyan y las obras no pueden finalizarse sin partida". Este pez que se muerde la cola es el que el conseller de Turismo pretende solventar con la renegociación del convenio para hacerlo coincidir con los plazos previstos en los fondos europeos. Bosch confía en que con esta ampliación del plazo la administración podrá afrontar el pago para finalizar la infraestructura.