El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, arrancó esta semana de Isabel Borrego, nueva secretaría de estado de Turismo, el compromiso de abordar en breve una reducción de las tasas aeroportuarias que se pagan en Balears, como fórmula para atraer a un mayor número de visitantes. La semana pasada, en la primera edición Foro de los Archipiélagos, Balears y Canarias establecieron un frente común para pedir al Gobierno central que se mantengan las bonificaciones a estas mismas tasas, con un trato igual para ambos archipiélagos.
A la espera de que estas dos medidas se concreten, la realidad marca otra tendencia, que no es otra que el alza en el importe de las tasas aeroportuarias. En concreto, se ha producido un incremento del precio que se paga por el uso del Aeropuerto de Son Sant Joan, lo que afecta muy directamente a aquella gran cantidad de menorquines que se desplazan a Mallorca.
El incremento, que las agencias de viaje percibieron ayer a la hora de vender billetes de avión a Palma, es de 0,25 céntimos, ya que se pasa de unas tasas de 3,96 euros a 4,21 euros. Así lo certificaron ayer por la tarde algunos agentes consultados, además de varios intentos de compra de billetes realizados mediante páginas web. El porcentaje de incremento sobre el precio total de un enlace de ida y vuelta para un residente es casi anecdótico, puesto que el precio para viajar a Palma se sitúa algo por encima de los 90 euros.
La alarma se encendió ayer en algunas agencias de viajes al recibir una comunicación de Iberia que advertía que se producía una modificación en los precios de las tasas del aeropuerto de Palma. El motivo es que, en cumplimiento de la Ley 1/2011 de 4 de marzo de 2011, que modificaba la Ley 21/2003 de 7 de julio, sobre Seguridad Aérea, el aeródromo mallorquín ha cambiado de clasificación a tenor del volumen de tráfico registrado. Este cambio de grupo conlleva, según el documento de Iberia a fecha 15 de enero, un cambio en el importe de las tasas.
Así las cosas, la tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario, que en Palma era de 1,63 euros por trayecto en el caso de los vuelos interinsulares, como en Menorca o en Eivissa, pasa ahora a 1,88 euros. A estas cantidades hay que sumar siempre 0,35 euros por la tasa de seguridad, todo esto siempre para vuelos regulares. Las tasas para chárteres son más elevadas.
Por tanto, quien viaja de Menorca a Mallorca con la idea de regresar en algún momento paga 1,63 por el uso del aeropuerto de aquí, 1,88 por la utilización del de allí, más 0,70 por la tasa de seguridad, lo que arroja un resultado de 4,21 euros. Antes la tasa de Palma era la misma que la de Menorca, lo que arrojaba los 3,96 euros.
La nota enviada por Iberia ayer a las agencias de viajes indica que la tasa incluye una partida para sufragar la atención a los pasajeros con movilidad reducida, y que se mantienen las bonificaciones que se han venido aplicando habitualmente a los archipiélagos, Ceuta y Melilla.
Mal momento
La medida se ha empezado a aplicar sin que el Consell ni el Govern estuvieran informados al respecto, por lo tanto se ha aplicado de forma automática en cumplimiento de la citada ley sin pasar por la Comisión Mixta del Transporte Aéreo.
Una vez conocido este incremento por canales no oficiales, el conseller de Movilidad y Transporte, Luis Alejandre, inició una serie de gestiones para poder saber con detalle el impacto de la medida. En primer lugar pudo comprobar que el director general de Puertos y Aeropuertos, Antoni Deudero, tampoco había sido informado de la circunstancia. De cualquier modo, señaló que no es precisamente ahora un momento oportuno para la aplicación de este tipo de medidas. Y es que el Consell está intentando corregir el agravio que sufren los menorquines a la hora de coger un avión para desplazar a Palma o fuera de las Islas, una situación compleja en la que las tasas aeroportuarias juegan un papel relevante.
Alejandre reclamará a Aviación Civil más transparencia en la comunicación de los cambios en todo lo que afecte al transporte aéreo, ya que no es la primera vez que el Consell se entera de alteraciones por la prensa o las propias agencias. "La Dirección General del Govern debería estar informada previamente", concluye el conseller.
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