Pleitos. Miembros del patronato de la fundación en el Juzgado de Maó, por un pleito anterior con Mercè Rubió. A la derecha, Bernardo Vidal, Emili de Balanzó, Miquel A. Limon y Josep Mª Quintana. A la izquierda, el abogado Santiago Rodríguez Miranda y Josep M. Vidal. | TOLO MERCADAL

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Mercè Rubió Boada ha abierto una nueva batalla judicial en el seno de la Fundació Rubió i Tudurí-Andrómaco al reclamar, mediante una demanda interpuesta ante el Juzgado número 1 de Maó, 543.974,48 euros a cinco patronos de la entidad de mecenzado creada por su padre.

Este nuevo pleito de la hija de Fernando Rubió i Tudurí se dirige contra el actual presidente, Josep Maria Quintana; el secretario, Hipólito Mercadal, y los vocales Emili de Balanzó, Bernardo Vidal y Miquel Angel Limon.

Quintana lamentó ayer «el daño que esta demanda puede ocasionar, no sólo a nuestro prestigio personal, sino también a la Fundació». También expresó su convencimiento de que «no tendrá recorrido procesal».

La titular del Juzgado número 1 de Maó, Clara Besa, ya ha notificdo la apertura de este procedimiento. En la demanda, Mercè Rubió, hoy vocal de la fundación tras haber sido cesada como presidenta, acusa a estos patronos -que fueron miembros de la Comissió de Finances- de haber ocasionado un perjuicio patrimonial de 301.515 euros y un lucro cesante que evalúa, según el dictamen de un experto designado por la expresidenta, en 242.495,48 euros.

La Comissió de Finances llevó a cabo las negociaciones para la compra del 18 por ciento de las acciones de Comosa, operación en la que invirtió 2,3 millones de euros. Mercè Rubió incorpora a la demánda los documentos en los que basó el contencioso contra el Govern balear por hacer autorizado la compra de aquellas acciones, y convierte en demanda civil contra Quintana, Mercadal, Balanzó, Vidal y Limon lo que es un contencioso contra la administración.

Las peticiones que eleva Mercè Rubió al Juzgado consisten en que los cinco patronos respondan solidariamente del pago de la cantidad reclamada, que sean cesados como miembros del patronatos y, además, condenados a pagar las costas del procedimiento. Un nuevo pleito en la historia de la Fundació Rubió.