El pasado 25 de junio, Santiago Tadeo se convertía en el noveno presidente del Consell y lo hacía comprometiéndose a gobernar desde el consenso "y para todos los menorquines" a pesar de tener una mayoría holgada. 82 días después, el compromiso se ha roto con la negativa a que los consellers comparezcan para explicar sus planes de cara al presente mandato, un desplante que una oposición deseosa de atención ha encajado con disgusto.
El equipo de gobierno se ha mostrado tajante. "La oposición cuenta con las preguntas, propuestas de acuerdo e interpelaciones como herramientas de control y fiscalización", aseguran después de "dejar muy claro que defendemos el papel de la oposición". Por ello, la portavoz popular, Salomé Cabrera, no dudaba en aseverar tras la Junta de Portavoces de este lunes que estaban "dispuestos a dar todas las explicaciones oportunas de nuestro trabajo pero siempre de acuerdo con el reglamento".
"A cuadros" se ha quedado el PSOE ante la negativa. El portavoz socialista en el Consell, Marc Pons, no ocultaba ayer su decepción y su extrañeza por la actitud del Partido Popular delante de una petición lógica, a juicio del expresidente.
"El cambio es evidente, no sólo es de equipo de gobierno sino de partido y no se trata del reglamento sino de mostrar sensibilidad no sólo con la oposición sino, sobre todo, con los ciudadanos", argumenta Pons, para quien el emprendido por Tadeo "no es un buen camino".
En idénticos términos se expresa la consellera del PSM, Maite Salord. "Más allá del reglamento está el gesto de no ser coherentes con todos los mensajes con los que nos llenamos la boca de participación, transparencia y acercar la política a los ciudadanos. Es incomprensible que el partido en el gobierno no quiera comparecer, va en contra de la filosofía que intentamos transmitir".
Para la oposición este proceder confirma el talante del nuevo equipo de gobierno, un "tic" que ya se apreció con la decisión de eliminar representantes en la Comisión Asesora Técnica en materia de Patrimonio, algo que no se justifica en términos económicos- sólo un miembro generaba gasto, el de la UIB- y que contradice la intención- profusamente reiterada- de dar voz a la sociedad civil, según coinciden PSOE y PSM.
Ambos partidos lamentan que se pierda el consenso que había presidido la adopción de determinados acuerdos- el voto de calidad de la presidenta fue decisorio en la última Junta de Portavoces, algo inusual en otros mandatos, apunta Pons- y mientras los nacionalistas se muestran resignados, los socialistas exigen una explicación. "Queremos que nos digan por qué utilizan la mayoría absoluta para coartar el debate y reducir la participación", zanja el portavoz socialista.
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