Diseñar una carta de servicios que beneficie a los empresarios y permita obtener recursos es una de las fórmulas que está barajando la Cámara de Comercio de Menorca para hacer frente a la desaparición de la cuota, conocida como recurso cameral, que contribuía a su financiación tras la aprobación del Real Decreto 3/2010.
La presidenta Magda Pons-Quintana asevera que el equipo directivo está estudiando la continuidad de esta corporación "para que no se cierren 106 años de historia y en reconocimiento a sus fundadores y antecesores nuestros".
En este sentido, Pons-Quintana asegura que están a la espera del posicionamiento del Govern de Bauzá sobre la pervivencia de las Cámaras. "Estamos pendientes de la Conselleria de Industria con la que nos reuniremos yendo con nuestros compañeros de Palma con los que hay un gran "feeling". Esperamos que el nuevo conseller de continuidad a las cosas que Xesca Vives dejó encaminadas", afirma una presidenta consciente de la necesidad que tendrán estas corporaciones de adaptarse.
"El problema es de todas pero está claro que las pequeñas nos tendremos que esforzar más para salvar esta situación porque sólo con los recursos que podamos generar no será suficiente", manifiesta Pons-Quintana. Tal y como ya están haciendo otras cámaras, la de Menorca se plantea establecer una serie de servicios que se prestarían a los empresarios a cambio de unas tarifas. Las organizaciones camerales entrarían así en competencia directa con asociaciones empresariales u organizaciones sindicales y en el caso de la menorquina estos planes podrían suponer cambios internos.
"Nos hemos planteado reestructurar la plantilla- reconoce Pons- Quintana- porque dependiendo del trabajo que nos encomienden o de los servicios que decidamos prestar, veremos si nuestros trabajadores están preparados para cumplir o no con estas funciones. Pero antes de tomar decisiones tenemos que saber bien qué queremos hacer".
De primeras, la Cámara menorquina centrará sus esfuerzos en intentar captar socios- los que existían dejaron de serlo con la entrada en vigor del Real Decreto- y en promocionar la "camerfirma", una de las dos certificaciones digitales reconocidas oficialmente en nuestro país (la otra es la que otorga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
La acción decidida se perfila como la única salida para la única organización que representa a la totalidad de empresarios menorquines, sean del tipo que sean, y que se juega continuar tal cual o evolucionar, como ha sucedido en otros lugares, caso de Galicia donde se transformó en un instituto de promoción económica.
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