Andreu Moll, alcalde de Es Migjorn. - Archivo

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El alcalde de Es Migjorn Gran, Andreu Moll, ha señalado que la situación financiera del Ayuntamiento de los últimos años ha condicionado la gestión municipal. "El equipo de gobierno decidió actuar con la máxima prudencia, no aumentar los préstamos y ejecutar las obras que podían recibir financiación de otras administraciones. Sabíamos que no nos colocaríamos ninguna medalla, pero el Ayuntamiento respiraría un poco", ha asegurado.

Andreu Moll señala que la contabilidad municipal a finales de 2006 indicaba un saldo favorable de 534.000 euros, aunque estaba incluido un préstamo concertado, pero pendiente de disponer, de 500.000 euros y se habían ingresado 314.000 euros por la venta de dos solares en Sant Tomàs.

Hasta 2005 el saldo de ejercicios anteriores era de casi 200.000 euros, mientras que se constató la dificultad para cobrar los más de 130.000 euros correspondientes al periodo 1997-2001. También había diversas facturas sin contabilizar: escuela infantil (180.000), zona pozos (160.000), zona deportiva (950.000), centro de día (45.000) y mejoras entrada pueblo (58.000), además de varios préstamos por importe de 743.000 euros.

Moll recuerda que el Ayuntamiento recaudó unos 575.000 euros en 2007 en concepto del IBI, impuesto de circulación e IAE, con más de 260.000 euros por licencias de obras, cantidad que en 2008 se redujo a 140.000 euros, mientras que en 2009 descendió a 61.000 euros.

La media de los ingresos procedentes del Estado, Govern y Consell es de 500.000 euros, mientras que la nómina del personal asciende a un millón, además del coste de los distintos servicios municipales. Por otra parte, la gestión de las playas no ha resultado tan rentable como en otros años y conlleva un importante déficit, que se reduce gracias a las aportaciones de hoteles y negocios de Sant Tomàs.

Por otra parte, cuestiona que el anterior equipo de gobierno no gestionara el acuerdo de pleno de marzo de 2005 para que la urbanización de Sant Tomàs revertiera al municipio en el plazo de tres meses posterior al acuerdo plenario.