"El Consell ha estado, está y estará al lado de iniciativas empresariales modélicas como la del parque solar de Son Salomó y el de Binissafúller de Baix". Así expresa el conseller de Ordenación del Territorio Joan Marquès su apoyo a las dos instalaciones energéticas el día después de que este periódico informara ayer de que la mayor planta de Balears, la de Son Salomó, está a punto de cerrar tras el recorte de ayudas procedentes del Gobierno central.
Marquès asegura que desde el Consell se ejercerá "toda la presión política posible" para intentar cambiar el decreto que reduce drásticamente las ayudas a la producción de energías renovables.
El conseller tiene pendiente una reunión con el Govern balear para decidir cómo afrontan la situación. De entrada, Joan Marquès avanza que "haremos llegar nuestro desacuerdo con el decreto", y apunta una de las líneas en las que basará la defensa de las fotovoltaicas.
"En nuestra isla, se ha demostrado que la energía solar es la que mejor encaja en nuestro modelo territorial, y esa era la vía para caminar hacia el difícil objetivo de ser energéticamente independientes", asegura.
"Ahora, este modelo en el que creíamos está en riesgo, y nuestro margen de avanzar hacia la autosuficiencia también, con lo que debemos apelar a nuestro carácter insular para que nos permitan tener condiciones diferentes al resto de la Península en materia de instalaciones de energías renovables", apunta. En este sentido, espera que el tema llegue al pleno del Consell, para poder adoptar un pronunciamiento institucional que se haría llegar a Madrid.
Marquès confía poder introducir estas variaciones durante la tramitación de este decreto en el Senado, "donde debería ajustarse la normativa a la diversidad del territorio español". En este sentido, recuerda que las Islas Canarias han sido tratadas de manera diferente en relación a la energía eólica, y espera que Menorca, o Balears, también puedan obtener esta excepción en materia fotovoltaica.
El principal problema del decreto del Gobierno central es, según el conseller, que ha metido en el mismo saco aquellos empresarios que quisieron aprovechar las ayudas públicas para hacer negocio y a los que optaron por una empresa viable en base a un proyecto en el que creían. "Los responsables de las plantas fotovoltaicas de Menorca invirtieron amparados por una legislación y creyendo en un modelo y en una iniciativa a la que le veían futuro. Durante este tiempo han demostrado capacidad inversora y rentabilidad con unas determinadas reglas del juego, que les han cambiado a mitad de la partida", afirma Joan Marquès.
La famosa retroactividad de esta norma, la que cambia la política de primas a la energía obtenida en las plantas productoras de energías renovables, es el punto más delicado de este decreto, y ya ha sido recurrida ante los tribunales por diferentes asociaciones de productores, e incluso por algunas administraciones. Joan Marquès no especifica aún si el Consell optará también por esta vía, y queda a la espera de reunirse con los responsables en materia energética del Govern.
Además, ahora mismo se está a la espera de las actuaciones que se puedan llevar a cabo en el Senado, donde se ha delegado en el senador por Menorca, Artur Bagur, para que trabaje en el tema. También en la Cámara Alta, el senador autonómico Pere Sampol ya se ha interesado por el tema y ha planteado una iniciativa para poner luz sobre esta materia.
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