El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha resuelto desestimar el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Maó por el anterior interventor municipal, Manuel Velarte Pérez, al considerar totalmente motivada la decisión de suspenderlo de sus funciones el pasado 23 de enero de 2009.
La concejala de Servicios Generales, Àngels Andreu, ha señalado este miércoles que la sentencia, con fecha del pasado 29 de octubre, demuestra "la máxima capacidad de reacción a la hora de afrontar una situación que perjudicaba tanto a la Administración como a la ciudadanía". En este sentido, Andreu ha indicado la "complejidad" del expediente y ha resaltado que desde el equipo de gobierno se ha actuado en todo momento desde la prudencia, la responsabilidad y el rigor.
"Gobernar es tomar decisiones y, estas se han de ejecutar con prudencia, responsabilidad y rigor. Nuestra manera de actuar es lo que nos acabo aportando credibilidad y esta sentencia lo ha hecho", ha destacado la concejala.
Antecedentes
El Ayuntamiento de Maó detectó problemas de tramitación y administrativa y expedientes bloqueados en enero de 2008 y, tras analizar las posibles causas, se dictaminó un tratamiento inadecuado de los expedientes afectados por parte de la intervención municipal. Ya en el mes de julio se tramitó un expediente disciplinario al interventor interino, que se remitió a la Dirección General de Función Pública.
En agosto se adoptó una resolución complementaria y se solicitó el nombramiento como instructor del expediente de un funcionario de la Dirección General de Función Pública. El Ayuntamiento recibió el expediente junto con la propuesta de resolución en enero de 2009, que indicaba que los hechos se consideraban probados.
El Consejo de Gobierno aprobó en febrero de 2009 la sanción de reovación del nombramiento del interventor interino, al considerarlo responsable de no hacerse cargo voluntariamente de las labores, incumplir las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo y falta notable de rendimiento.
Por su parte, Velarte presentó en el 23 de enero de 2009 un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Maó en el que solicita la anulación del Decreto de Alcaldía por el que se le suspende de funciones. La sentencia, con fecha 18 de marzo de 2010, es favorable al Ayuntamiento y considera que la resolución adoptada fue motivada. Posteriormente, el ex interventor presentó un recurso de apelación frente la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que finalmente ha desestimado el recurso y confirma íntegramente la sentencia dictada el 18 de marzo.
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