El equipo de gobierno del Consell tiene ya asumido que deberá afrontar el próximo ejercicio económico sin la posibilidad de endeudarse. La disposición del Ministerio de Economía que restringe el acceso a créditos para aquellas administraciones locales que superan el 75 por ciento de nivel de deuda afecta de lleno al Consell. La normativa es compleja, pero el responsable de Hacienda, Gabriel Subirats, afirmó ayer en el pleno de la institución insular que es "muy probable" que no se pueda acudir a los bancos.
El cálculo para la elaboración de los presupuestos de 2011 se hace en función de los números de 2009, aunque después, a la hora de valorar cada actuación, estos se actualizan. No obstante, Subirats reconoció que las cifras de 2010 son similares a las de 2009, con un nivel de deuda que supera el 80 por ciento, por lo que es muy poco probable que llegue a existir una opción de crédito. Esta circunstancia afectará directamente a la elaboración de los próximos presupuestos, que deberán ver recortada su partida de inversiones.
La escueta respuesta de Subirats a una pregunta del conseller popular Antoni Camps fue casi lo único verdaderamente relevante de un pleno que superó dos horas y media de debates repetitivos y recurrentes, con algunas subidas de tono que no pasaron a mayores, y acusaciones de inoperancia al equipo de gobierno por parte de la oposición. Todo realmente muy previsible.
Por lo actual, cabe destacar las apreciaciones de la consellera Noemí Gomila en una interpelación planteada por el PP sobre la reconversión del Hospital Verge del Toro. Informó que el plan de usos está prácticamente acabado, que se explicará en unos días, pero advirtió que éste es sólo un paso más en un largo camino, que la remodelación del edificio debe ser completa y que el proyecto será muy costoso, "y deben plantearse prioridades". La popular Mariana López Oleo indicó que el plan llega tarde y que cuanto más tiempo pase antes de ponerse manos a la obra, más caro será el proyecto.
Entre todos los duelos que hubo, uno enfrentó a los primeros espadas de cada bando: Marc Pons y Juana Francis Pons Vila. Fue por el futuro Centro de Interpretación de S'Enclusa. Se recuperaron argumentos ya aireados a lo largo de las últimas semanas. Pons Vila expuso que es un proyecto que genera un dudoso beneficio en un momento de grandes dificultades económicas. "Estamos en crisis, ¿no lo sabe? Hay otras prioridades". Marc Pons se tenía preparada la respuesta. Por un lado defendió las bondades de la iniciativa y por otro recordó al PP que hace un año aprobó en el pleno la tramitación del proyecto. Pons Vila se defendió: se aprobó un estudio de viabilidad que no ha llegado y las cosas cambian.
Intenso fue el duelo entre Salomé Cabrera y Joan Marqués con motivo de la sanción a las empresas implicadas en la fiesta Flower Power. Cabrera acusó al equipo de gobierno insular de actuar tarde y mal, de eludir su responsabilidad en este tipo de actividades, e incluso de encargar informes para "apañar" su actuación. Marqués subió el tono de voz y atribuyó a los populares un lamentable análisis del tema y de moverse sobre falacias. Ninguno de los dos bajó del burro, no movieron sus posiciones ni un ápice. Como en casi todos los temas que generan controversia en los plenos. La vida sigue igual.
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