Biel Company y Pablo Casado, caminando por Palma el pasado 1 de marzo, en la Diada de les Illes Balears. El día anterior, el candidato a Cortes había avanzado que incluiría una «ley orgánica de lenguas» en su programa electoral.

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En caso de gobernar, el PP balear mantendrá el requisito de conocimiento de catalán para poder ejercer de maestro o profesor y para aquellos funcionarios que presten atención al público.

Con estas manifestaciones, Biel Company aclara o matiza las manifestaciones que hizo el presidente del PP estatal y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, el 28 de febrero en un acto de precampaña en Barcelona. Casado avanzó que su programa electoral incluiría la aprobación de una «ley orgánica de lenguas» para que el castellano sea «lengua vehicular» en los colegios y para que las lenguas cooficiales no sean un «requisito excluyente» al opositar a la función pública. En buena parte de los medios del Estado, el anuncio de Casado fue interpretado en el sentido de que afectaría a todos los trabajadores de la Administración Pública, incluidos los docentes.

«No es justo que un catalán pueda concursar a una plaza pública en Madrid y que un madrileño tenga dificultad o directamente no pueda concursar a un empleo público en Cataluña», señaló entonces Pablo Casado.

Desde el PP balear aclaran que, en caso de gobernar, modificarán otra vez la Ley de Función Pública para que el conocimiento de catalán deje de ser un requisito para el funcionariado excepto para los docentes y los empleados que desarrollen una labor de atención al público.

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«Es la postura que hemos mantenido toda la legislatura y que ya aplicamos en el Govern entre el 2011 y el 2015», recuerdan desde el PP balear. «Es evidente que el profesorado, así como los funcionarios que atienden al público, deben conocer las dos lenguas oficiales de la comunidad». Por contra, para ocupar otros puestos no lo consideran necesario sino una barrera que puede poner trabas a incorporar de talento a la Administración. Es el caso del colectivo sanitario, en que «derogaremos el decreto que obliga a acreditar» el conocimiento de catalán.

«Las dos lenguas oficiales deben estar en equilibrio y no debe haber imposición ni de una ni de otra», señaló Company.

El PP estima que la modificación legal conllevará que el catalán será un requisito solo para el 20 por ciento del funcionariado.