Los pilares del acuerdo: el catalán, bajada de impuestos, medidas contra la inmigración ilegal y la okupación

En materia de lengua se basan principalmente en dos ámbitos: el educativo y el sanitario. En relación al primero apuestan por consolidar «un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico». Además, «los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales». Para ello, «modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales». También se suspenderá la actual aplicación de la LOMLOE y se recuperarán las notas numéricas en base al criterio profesional y pedagógico del docente.

También se realizará el «desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública» y garantizarán el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sea contestado en la lengua que desee». Además, «cambiarán la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como todas aquellas normas de rango inferior que impiden el bilingüismo y la libertad de opción de lengua en los trámites y comunicaciones de la administración».

Cabe destacar que se cerrará la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y se creará una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística «para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas Islas». En materia sanitaria, se eliminará el requisito lingüístico y la revisión del plus de insularidad con el fin de adaptarlo al coste real de la vida en Baleares.

Bajada de impuestos

PP y Vox han anunciado que en los primeros seis meses de la legislatura aprobarán «una reducción contundente del IRPF». Entre otras, implicará «una rebaja de la tarifa autonómica en todos sus tramos y, muy especialmente, para aquellos contribuyentes con rentas medias y bajas; la creación de nuevas deducciones.

En los primeros 100 días eliminarán el Impuesto sobre Sucesiones y Donacionespara todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre cónyuges; y lo reducirán un 50 % entre hermanos o entre tíos y sobrinos. También suprimirán el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad, para viviendas de hasta 270.000 euros, con posibilidad de ampliación hasta los 350.000 en zonas tensionadas. Además, rebajarán un 50 % este tributo para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años y familias numerosas. Otro compromiso es reducir «progresivamente, hasta la supresión total durante la legislatura, el Impuesto sobre el Patrimonio, todo ello supeditado a la derogación del Impuesto estatal de Solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Estado».

Seguridad

La seguridad es otra de las claves del acuerdo. Así, «en el caso de que se produzca una okupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado». Además, «incluiremos la okupación de viviendas como infracción grave en la nueva Ley de vivienda, de manera que los okupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a vivienda de alquiler social del Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)» . También crearán una Oficina de Defensa de Víctimas de la Ocupación y teléfono de atención permanente para el asesoramiento y acompañamiento de totas las víctimas frente a la ocupación ilegal; al tiempo que se establecerán ayudas asistenciales y económicas a las víctimas de ocupación.

Otra de las medidas es la aprobación de «un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la okupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir. Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley». El Govern exigirá en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Govern la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento».

En relación a la inmigración ilegal, exponen que dada «la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Balears» y defienden que al haberse «establecido así una ruta migratoria consolidada, se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra comunidad».