Los cargos políticos de Més per Menorca en el Consell, en una comparecencia en la crisis por la Ley de Reserva de Biosfera.

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El proceso electoral concluye con la revisión del escrutinio por parte de la Junta Electoral Provincial y la proclamación de los resultados definitivos y los candidatos que han obtenido representación en alguna de las instituciones. Pero al margen de la normativa, hay otro proceso en marcha, el abandono obligado de quienes han perdido en las urnas, comienza para ellos la operación desalojo.

Casi medio centenar de menorquines sufrirán en el plano laboral las consecuencias del vuelco dictado por las urnas. Los ocho consellers que durante el último mandato han tenido dedicación exclusiva en el gobierno insular y los 19 directores insulares que les han acompañado en la gestión se verán obligados a regresar a su anterior ocupación o, si no la tenían, buscar un nuevo empleo. Solo la consellera de Unidas Podemos, Cristina Gómez, prolonga su dedicación profesional en la política al haber obtenido escaño en el Parlament.

El sueldo en la oposición

Otros desalojados del poder en la institución insular, pero que continúan como miembros de la oposición, tres del PSOE y uno de Més per Menorca, pueden optar a conformarse con la retribución prevista para los consellers en la oposición, unos 30.000 euros brutos al año, la mitad aproximadamente de lo que venían percibiendo.

Para los 19 directores insulares el panorama pinta peor. Diez de estos pertenecen a los departamentos gestionados por el PSOE, siete a las consellerias de Més per Menorca y los dos restantes, entre ellos la candidata Nati Benejam, a la de Unides Podemos. Alguno de ellos ya había expresado su intención de no continuar y, por tanto, el susto ha sido menor.

Contratos eventuales en el Consell

A ellos se suman las nueve personas con contrato eventual y dedicación a los respectivos grupos políticos con funciones de comunicación y apoyo logístico. Además hay un número indeterminado de personas con contrato de obra y servicio directamente vinculados a iniciativas de los consellers en el gobierno y que han sido contratados de manera recurrente en los útimos años.

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El PP, que asumirá el poder en unas semanas, desconoce cuántos son. Una de sus primeras iniciativas será conocer cuántos teléfonos móviles, líneas y terminales, paga la institución.

Siete cargos menorquines en el Govern

La presencia menorquina era escasa en el Govern. Miquel Company, uno de los dos consellers de la Isla en el Ejecutivo de Armengol, ya había anunciado que emprendía otro camino profesional. Mae de la Concha, por su parte, también había expresado con bastante antelación que no continuaría en política.

Quien deberá dejar el cargo es el director general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, Aram Ortega, que ha estado adscrito a la Conselleria de Agricultura y Pesca.

En el organigrama de la administración autonómica aparece también entre los cargos de designación política el mahonés Antonio Triay Cardell, responsable de la Fundación para los estudios superiores de Música y Artes Escénicas, y los delegados de organismos como el Ibavi, plaza que ocupa Pau Morlà, y la Delegación Territorial de Educación, de la que se ha hecho cargo durante los últimos ocho años Joan Marquès Coll.

La gerencia del 'Mateu Orfila'

Menos tinte político tiene la gerencia del Área de Salud de Menorca, pero Ana Trenado, quien la ocupa ahora, también es un cargo dactilar que será revocado o confirmado dado el perfil profesional del mismo. En todo caso, forma parte de la plantilla del hospital Mateu Orfila.

En otros departamentos de la administración autonómica e insular y en algunos ayuntamientos que han cambiado de color habrá también relevo en algunos empleos ocupados ahora por personal de confianza, como es el caso de los responsables de comunicación de Sant Lluís o Es Castell.