Yo no soy tonto, o el rechazo de una escandalosa interferencia

Las elecciones, y sobre todo sus campañas, suelen ser una de las preocupaciones primordiales de los partidos políticos y de los candidatos participantes, bien sea en los comicios generales o en los autonómicos y municipales. Poder ejercer el máximo control de los procesos electorales es una acción prioritaria para quienes aspiran a obtener el respaldo mayoritario de las urnas y gobernar las instituciones de que se trate.

A propósito de esta cuestión, en la cámara baja se ha decidido regular el papel a desempeñar por las televisiones de capital privado durante los periodos electorales. La contundente protesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ante semejante osadía fue inmediata. La FAPE ha denunciado que el inicial acuerdo parlamentario alcanzado entre el PSOE y el PP constituye "un claro atentado contra la libertad editorial y de programación de las empresas". La citada federación ha advertido asimismo sobre un "claro empeño de anular la profesión periodística, que ya es lo suficientemente vapuleada en la cobertura electoral con la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, la distribución de productos "enlatados" y la obligación de conectar con la señal oficial del partido político de turno en muchos de los actos electorales". Pese a ello, la subcomisión parlamentaria no ha querido tomar en consideración la postura -sensata y razonable- de la FAPE, de modo que esta escandalosa intromisión política lleva camino de prosperar.

Los diputados de la subcomisión electoral confunden interés general con interés partidista, con total naturalidad, sin sonrojarse. Los periodistas pueden comprender, y de hecho comprenden perfectamente, que los partidos políticos aboguen por el máximo respeto de los principios de igualdad y proporcionalidad por parte de los medios televisivos de titularidad pública. Puede entenderse ciertamente que se exija tal respeto a las televisiones públicas en sus informaciones, entrevistas y debates electorales. Sin embargo, no es admisible que se reclame la distribución de un minutaje estricto puesto que implicaría anular el criterio periodístico, algo fundamental en toda tarea informativa; y no es de recibo obviamente que se pretenda erradicar el criterio periodístico -los periodistas no son tontos- a la hora de cubrir los actos y protagonismos de una campaña electoral.

En todo caso, considero totalmente descabellado y contraproducente que desde la clase política se aliente la ceremonia de la confusión -una más- y se planteen a las televisiones privadas unas exigencias similares a las que demandan para las públicas. Los informadores de televisiones privadas deben atender únicamente las directrices que marquen sus respectivas empresas. Los periodistas de televisiones privadas –y de radios y periódicos igualmente privados- no deben someterse a los intereses de los partidos políticos ni a las disparatadas ocurrencias de la subcomisión parlamentaria electoral. Y que conste que por razones de credibilidad tampoco deberían hacerlo los colegas que trabajan en medios públicos.

El hecho, bochornoso hecho, es que el informe de la subcomisión que estudia la reforma de la Ley Electoral se ha publicado ya en el Boletín Oficial de las Cortes -el pasado 4 de agosto- y el próximo paso será la redacción de una proposición de ley que al parecer quiere aprobarse antes de fin de año. Por tanto, si nadie lo remedia, ese dislate parlamentario puede coartar gravemente la labor periodística en las campañas electorales.

Cuando se pretende interferir en el trabajo de los informadores siempre se generan situaciones conflictivas. Los diputados deberían recapacitar -aún se está a tiempo- y olvidarse de la propuesta formulada por la subcomisión electoral del Congreso. Recuerden: Los periodistas no son tontos ni son -no pueden ser- unos simples sujetos/objetos de usar y tirar.