Albercocs i Cireres
El límite al descuento de residente a grupos puede encarecer los billetes más de un 80 %
Así se desprende del estudio que ha elaborado la asociación de agencias de viaje Aviba, que ha denunciado que la medida entra en vigor el 1 de enero de 2017.
Los viajeros con billete de grupo suponen la mitad del pasaje de avión
Biel Pons asegura que el perjuicio por reducción del descuento es para el usuario, no para las agencias
Pons exigirá ante Fomento por los cambios del descuento de residentes a colectivos
En la imagen, el conseller de Territori, Energia i Movilitat, Marc Pons, juntamente con la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (Aviba).
El Govern exigirá ante Fomento anular los cambios en el descuento de residentes
Marc Pons ha avanzado a los representantes de Aviba que ha solicitado ya una reunión al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de Serna, para tratar estos cambios en el descuento de residente
Fomento fija un límite al descuento de residente en viajes de empresa y de grupo
El Ministerio de Fomento ha establecido unas tarifas máximas reembolsables, calculadas sobre el precio medio de cada ruta que obtienen estos colectivos.
Més per Menorca: "Madrid todavía no ha entendido la insularidad"
Nel Martí ha anunciado que su formación presentará en los próximos días una iniciativa instando a Fomento a paralizar el desarrollo de la resolución.
El Consell de Menorca tilda de "ataque" la limitación del descuento de residente
«Una vez más nos encontramos frente a una actuación de Gobierno central que pone en evidencia su falta absoluta de voluntad para paliar los efectos de la insularidad», ha señalado la administración insular.
El PP-Menorca rechaza las limitaciones al descuento de residente
“Es una medida que no compartimos, por lo que actuaremos ante el Ministerio de Fomento para que no entre en vigor”, afirma la secretaria general, Asunción Pons.
El Govern pedirá a Fomento sustituir el descuento de residente por la tarifa plana
Marc Pons ha señalado que hay un estudio que indica que este cambio de obligación de servicio pública, OSP, tendrá un coste de 10 millones para el Gobierno del Estado que, en su opinión, es «asumible».
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