La deuda pública de las administraciones españolas se situaba en el cuarto trimestre de 2022 en 1.502.504,7 millones de euros (medida según el procedimiento de déficit excesivo de la UE). Esta cantidad representaba el 113,1% del PIB y suponía una notable mejora frente al 115,6% del tercer trimestre gracias a la revisión del dato de crecimiento del PIB (5,5%). Independientemente de la cifra definitiva, el endeudamiento español constituye una de las grandes amenazas para nuestro futuro próximo tanto por el alto nivel alcanzado como por el coste de su financiación.
El servicio de la deuda son los intereses que deben pagar anualmente las administraciones públicas a los tenedores de la misma. En el 2022, la cantidad presupuestada para ese fin era de 30.175 millones de euros, cifra que venía disminuyendo desde el 2013 (38.590 millones de euros) pese al aumento de la deuda. Las políticas monetarias europeas extralaxas (expansiones cuantitativas) han permitido mantener emisiones con tipos incluso negativos que hoy ya son historia ante una vigorosa inflación.
Las últimas emisiones de deuda pública a 12 meses a mediados del mes de marzo del 2023 se han cerrado al 3,295% (3,433% en los bonos a tres años) reflejando el notable aumento que está experimentando el coste de la deuda. Cabe recordar que en 2019 la vida media de la deuda pública era de 7,48 años (6,20 en 2013) y que el coste medio de emisión se situó en el 0,64%. Como desde el 2015 el coste de emisión se había situado por debajo del 1% el coste medio de la deuda en circulación estaba a finales del 2019 en el 2,34%. Frente a este dato la deuda es hoy en día un 15% superior a la del 2019 y se financia a un coste de emisión cinco veces superior, o, dicho de otra forma, un 40% más cara de la que iba venciendo en el 2019. Pero lejos de disminuir, la tendencia a medio y corto plazo es que los tipos aumenten a medida que la política monetaria se endurezca, tal como anuncia el BCE, lo que puede llevar a un efecto de retroalimentación de la misma que presione sobre las otras partidas del presupuesto.
Pero no solo la deuda presionará el presupuesto público. La reintroducción de las reglas fiscales en el 2024, con efectos incluso ya en el 2023 para calcular el procedimiento déficit excesivo, obligarán a los países de la zona euro a reducir sus déficits por debajo del 3% y presentar planes de reducción de la ratio deuda/PIB para el alcanzar el valor objetivo del 60% a largo plazo. En la actualidad existe una dura negociación entre los halcones de la Eurozona encarnados en la figura del vicepresidente letón de la Comisión Dombrovsky y los moderados, representados por el comisario italiano de economía Gentiloni, donde está en juego una parte importante de la orientación de nuestra futura política económica. En realidad, se trata de dos posturas enfrentadas donde los ortodoxos desean evitar que el exceso de políticas populistas anule los compromisos comunes y pongan en riesgo la moneda común frente a visiones más laxas que hablan de planificaciones a largo plazo que incluyan incluso el ciclo político para evitar las tensiones sociales que tantos problemas están causando en países como Francia, Italia o la propia España.
Sea cual sea la decisión, España se dirige hacia una época nueva con mayor supervisión y con el retorno de los recortes y reformas económicas donde las políticas de gasto deberían de dejar de tener el protagonismo que han tenido durante la prepandemia, pandemia y pospandemia y donde la consolidación fiscal y el control del déficit se convertirán necesariamente en los nuevos mantras para un país más débil y endeudado, y más dependiente de una Europa cada vez más desconfiada.l
