Las fiscales Inmaculada Violán y Esther González también han pedido al juez Santiago Pedraz que envíe a prisión sin posibilidad de fianza al presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en la declaración se ha preguntado a Ángel María Villar sobre las operaciones entre la Federación y la empresa Santa Mónica Sports, así como cuestiones sobre su patrimonio y de índole profesional.
El magistrado ha tomado declaración a los tres detenidos desde las 10.00 hasta las 15.30 horas y, tras la celebración de la correspondiente vistilla para la adopción de medidas cautelares, el juez de la Audiencia Nacional decidirá si decreta la prisión, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Padre e hijo y los otros dos arrestados en esta operación -Padrón y el secretario de la federación de Tenerife, Ramón Hernández Baussou- han sido trasladados esta mañana por la Guardia Civil a la sede de la Audiencia Nacional tras ser detenidos este martes.
Pedraz y las fiscales han tomado declaración a los tres primeros detenidos y está previsto que comiencen a interrogar a Hernández Bassou a las 16.30 horas. El juez ha citado a los abogados a partir de las 18.00 horas para comunicarles su decisión sobre la petición de la Fiscalía.
Los cuatro arrestados, que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante los agentes de la UCO que han dirigido esta operación en la que se les acusa de lucrarse en beneficio propio de al menos 45 millones de euros de las arcas del ente federativo.
Ángel María Villar ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las ocho de la mañana a bordo de un coche, mientras que el resto lo ha hecho una hora y media después en furgón policial.
Tras esquivar en los últimos años varios escándalos de corrupción, como el caso FIFA, Ángel María Villar, de 67 años, fue arrestado en una investigación que se inició a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) presentada en 2016.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del CSD que reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por la empresa de Samper por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección.
Los investigadores apuntan a que Villar, que lleva 28 años en el cargo, cobraba comisiones por la celebración de partidos de la selección y se servía de su puesto para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo Gorka, abogado experto en derecho deportivo y al frente de varias empresas donde eran desviadas cantidades de dinero.
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