ECONOMÍA

La Ley de Segunda Oportunidad abriga a 1.100 familias de Baleares al año

La clase trabajadora copa el 82 % de los acogidos a una norma concebida para cancelar la deuda de las empresas y permitirles empezar de cero

Un cartel de local disponible tras su cierre en el centro de Palma. | A.G.

TW
2

La Ley de Segunda Oportunidad se creó en 2015 con el objetivo de que empresarios arruinados pudieran hacer borrón y cuenta nueva, cancelar sus deudas y tener vía libre para emprender nuevos proyectos. Una década después, la ley se ha acabado convirtiendo en parapeto de la clase trabajadora, que compone la inmensa mayoría de quienes se acogen solicitan ese colchón salvavidas.

En Baleares, el 82 % de los procedimientos de 2024 se corresponden con trabajadores por cuenta ajena: 1.112 de un total de 1.348 procedimientos. Se trata de un incremento del 30 % con respecto a 2023 en el caso de los no empresarios acogidos a la ley y del 34 % del total de procedimientos de 2023, según datos extraídos del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La ley se inspiró en contextos jurídicos como el de EEUU, con una cultura que incentiva el emprendimiento minimizando los efectos de pasos en falso previos, un volver a empezar limpio de polvo y paja. La realidad es que las empresas solo protagonizan una mínima parte de los procedimientos, entre otras cosas porque permite que cualquiera se acoja a la misma (desvirtuando con ello su espíritu original), pero también por defectos de base que ahuyentan a los propios empresarios. Por ejemplo, permite exonerar las deudas con bancos y proveedores, pero limita a un máximo de 10.000 euros para la Seguridad Social y otros 10.000 euros para Hacienda.

Asimismo, las familias endeudadas se han visto más beneficiadas que las empresas tras la reforma de 2022, que incluye entre otras cosas la supresión de la figura del notario que muchas familias no se podían costear o la agilización de los trámites para resolver los procedimientos. También se incluyó la posibilidad de refinanciar el pago de la deuda para no perder la vivienda (aunque lo cierto es que el perfil predominante no tiene vivienda en propiedad).

Noticias relacionadas

De este modo, el volumen de gente que se está acogiendo a la ley para cancelar sus deudas ha ido en aumento desde su creación. En el último lustro, ha habido puntos de inflexión que han espoleado el proceso, como la crisis desatada por la pandemia o la subida meteórica de los precios del alquiler.
«La verdad es que se ha producido lo contrario: hay muchos más trabajadores que empresarios acogidos a la ley», explica Joan Pere Capllonch, del despacho Capllonch Advocats. Llevan cerca de 40 casos al año relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad y el porcentaje de trabajadores afectados está entre el 80 % y el 90 %, en la línea de las estadísticas del CGPJ.

Los límites en la cancelación de la deuda con Hacienda ha ido configurando un perfil de endeudados «que se ha acostumbrado a vivir a salto de mata; se acostumbran a vivir en efectivo, sin un euro en su cuenta corriente: nada más recibir un ingreso lo sacan inmediatamente del banco para que no se lo embargue Hacienda», afirma Capllonch. Gente que pide microcréditos de 300 ó 400 euros simplemente para pagar el alquiler de un mes. «Muchos de ellos ni siquiera saben cuánto deben». La ley, que en ningún momento hizo distinciones entre empresarios y no empresarios, abrió una puerta para todo el mundo que el tiempo ha ido ensanchando, hasta el punto de que se está tratando de poner límites al café para todos. «Los jueces se están poniendo cada vez más estrictos para que no sea tan fácil acogerse a la ley».

Desde el lado empresarial, se aboga por pulir los aspectos de la ley que consideran contrarias al interés de los propios empresarios, empezando por el techo de deuda exonerable para Seguridad Social y Hacienda. El presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, afirma que «es una reclamación histórica y es algo que solo sucede así, no en el resto de Europa. Es una medida injusta, incoherente y sin ninguna justificación posible». Capllonch coincide plenamente. «Es una aberración, porque el empresario puede saldar deudas bancarias y con proveedores, pero no la parte de la deuda que muchas veces es la más importante».

De los 1.348 procedimientos en Baleares el año pasado, 84 (una bajada del 21 % con respecto a 2023) se corresponden con empresas, mientras que 152 (subida del 38 %) son de autónomos. Así, los autónomos suponen el 11 % del total, mientras que las empresas son solo un 6 %. A nivel estatal, los porcentajes son muy similares. «La ley de segunda oportunidad es una ley imprescindible en nuestro país, sobre todo para los autónomos, que son quienes más se acogen», señala Mora para reivindicar que «es una ley que se ha de divulgar y dar a conocer porque es importantísimo».