Todos los gatos deben tener el microchip identificativo. | Wirestock

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Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, que obliga a identificar con un chip a todos los gatos (de particulares y callejeros), el Gobierno central ha prohibido a los veterinarios la administración de antibióticos a los animales que no dispongan del dispositivo.

Desde el 2 de enero todos los facultativos de España están obligados a comunicar al Ministerio de Agricultura las prescripciones de antimicrobianos que realizan en sus consultas a través del Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias (PRESVET). Si no lo hacen en tiempo y forma se arriesgan a sanciones de entre 60.000 y un millón de euros. Esa es la razón por la que las clínicas veterinarias de Baleares comienzan a exigir a los propietarios de felinos colocar el chip identificativo, antes de administrar el tratamiento.

La entrada en vigor del nuevo modelo a principios de este 2025 ha desatado movilizaciones en todo el País. En Baleares el Colegio de Veterinarios ha pedido al Gobierno central una moratoria, a la espera de que se solucionen los problemas que han surgido con PRESVET. Mantiene además reuniones con los farmacéuticos y con el Govern balear para intentar conseguir una aplicación «laxa» de la norma.

La no atención a animales no identificados vulnera el juramento que hacen los facultativos, similar al juramento hipocrático de los médicos, por el que se comprometen a «promover la salud y el bienestar de los animales, aliviando su sufrimiento» y a «proteger la salud pública y medioambiental». No obstante los veterinarios se encuentran entre la espada y la pared, por la «presión» del Ejecutivo Español en la lucha contra las superbacterias. España ha adelantado al 2025 lo que no será obligatorio en Europa hasta el 2030.

Debido al malestar desatado entre los profesionales, que se han movilizado en distintos puntos de España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentación, ha anunciado que prepara modificaciones en el texto en vigor. Admite, entre otras cuestiones, que las multas previstas son «excesivas» y ha emitido varias notas aclaratorias que adelantan algunos de los cambios que se introducirán. Habla de tres excepciones en las que permitirá la administración de medicamentos a animales no identificados: los gatos callejeros, los gatos extraviados sin identificación y los animales no identificados con patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con quienes conviven.

El Colegio de Veterinarios de Baleares, reunió la semana pasada a sus asociados para llamar a la calma. Su vicesecretaria Ana Sancha invita a trabajar de forma «sensata y tranquila» aplicando «el sentido común». «Es cierto que estamos en un proceso en el que hay que informar a los propietarios de la necesidad de chipar a los animales, algo que ya era obligatorio para los perros, pero ningún animal quedará desatendido», dice.

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«La persona que acuda al veterinario tiene que saber que su animal va a estar bien tratado. Se le administrará el antibiótico o medicamento que su veterinario considera que es adecuado», continua Sancha. La recomendación que hace a sus colegiados es la de justificar adecuadamente la prescripción de antibióticos para evitar posibles multas.

Eso incluye la necesidad de hacer un cultivo microabiano para las dispensaciones de antibióticos en las clínicas veterinarias, algo que van a notar los bolsillos de los propietarios. También deberían notarlo los ayuntamientos, que son sobre el papel los responsables de chipar y tratar a los gatos callejeros.

Todo ello, unido al tiempo extra que tiene que dedicar el facultativo a cada consulta por la burocracia del sistema PRESVET, está notándose ya en los precios. Implantar el chip a un gato cuesta aproximadamente entre 30 y 50 euros. Hasta hace un año solo era obligatoria la identificación de los perros mediante chip, pero no así de los felinos. Los veterinarios explican que «hay incumplimiento por parte de algunos ayuntamientos y propietarios».

Los ayuntamientos de Baleares están obligados a chipar, vacunar y castrar a todos los gatos callejeros que desde hace un año pasan a denominarse «gatos comunitarios», pero los alcaldes y alcaldesas llevan tiempo denunciando la falta de medios para cumplir con lo que exige la normativa estatal.

En líneas generales los propietarios particulares están identificando a sus nuevos gatos con el correspondiente chip pero no están chipando a los gatos adultos que tenían en sus domicilios en el momento de la entrada en vigor de la ley.

Aunque hay veterinarios de pequeñas consultas en Baleares que aceptan aún atender sin chip a las mascotas, ahora están obligados a notificar al nuevo sistema de registro estatal el número de identificación. El Colegio de Farmacéuticos recomienda en ese caso a sus asociados que dejen constancia de la situación en el historial que trasmiten al Ministerio.