Carles Recasens y Miguel Lázaro.

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Los médicos de Baleares se rebelan contra el futuro estatuto marco del personal sanitario que exigirá exclusividad a los jefes de servicio y directivos de la sanidad pública para que no puedan compatibilizar sus puestos con otros trabajos en la privada y evitar así lo que la ministra Mónica García califica de «conflictos de interés obscenos». El texto pretende impedir también esa compatibilidad a los médicos que pidan reducción de jornada.

Los profesionales de las Islas advierten de que Baleares es uno de los territorios de España con mayor peso de la sanidad privada y que esta «medida restrictiva» puede acabar teniendo el efecto contrario al deseado. ¿Qué ocurrirá si a la hora de elegir los facultativos deciden irse a la privada? Eso es lo que se preguntan Carles Recasens, presidente del Colegio de Médicos de Baleares y Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico de Baleares (SIMEBAL). Ambos han desempeñado puestos de jefatura en la sanidad pública de las Islas.

«Encadenar al profesional es muy poco adecuado. Lo que plantea la ministra es una medida que no llega en el mejor momento», reflexiona Carles Recasens, que se enteró de las palabras de Mónica García a través de la prensa.

El presidente del Colegio de Médicos explica que «en Baleares la movilidad es muy alta. Tenemos profesionales que trabajan aquí y a la vez en otros lugares de España y fuera del país. El que piense que estas medidas van a retener al profesional sanitario en la pública igual se equivoca. Nos tememos que quizá se produzca el efecto contrario».

No solo los sueldos son más altos en las clínicas y hospitales privados sino que también son muchos los profesionales de la pública que deciden abrir sus propias consultas y ahora se verían forzados a renunciar a sus jefaturas de servicio en la sanidad pública de Baleares.

Para Recasens «al buen y excelente profesional médico, que queremos que sea un referente de la sanidad pública, hay que permitirle esa libertad, propia del siglo en el que estamos. El talento no lo podemos acotar».

Aún en el caso de que la nueva normativa consiguiera atar a los profesionales médicos de la pública, Recasens avisa, de que habrá un problema serio en Baleares. «Nuestra comunidad es un buen ejemplo de un modelo de colaboración en el que las clínicas privadas y concertadas ayudan a las sanidad pública. En momentos de epidemia que colapsan las urgencias y ante las largas listas de espera, la sanidad pública dispone de este muelle para poder garantizar una buena atención sanitaria a la población», dice. «La colaboración pública y privada de una forma consensuada y auditada suma, no resta», concluye.

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Desde hace tiempo es evidente que existe una falta de médicos de determinadas especialidades en Baleares, un problema que Ibiza lleva muchos años padeciendo y que ahora salpica también a Mallorca y Menorca. Si la sanidad pública y privada deben disputarse a sus profesionales la falta de facultativos se podría agravar.

Mientras el colegio de médicos mide bien sus palabras para desvincular la medida de cuestiones ideológicas, Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico SIMEBAL se muestra convencido de que estamos ante una cuestión ideológica. «Es una ocurrencia y un sesgo de la ministra que hace surf sobre las aguas sanitarias cuando lo que tiene que hacer es profundizar», opina.

Su sindicato ya disponía del texto del borrador del nuevo estatuto porque es parte de la negociación. «Quiero manifestar mi rechazo absoluto a este borrador con el que perdemos la oportunidad de actualizar el estatuto para dar respuesta a las necesidades reales del colectivo médico. Es regresivo y muy negativo para los profesionales», dice.

Avisa de que ya existe un marco legal que permite cesar a los médicos jefes de servicio en caso de que se detecte un conflicto de intereses y una utilización perversa en la que prevalezca su consulta privada. «No solo es un porcentaje pequeñísimo de casos sino que la normativa actualmente vigente recoge la penalización y permite el cese».

Para Lázaro quienes ocupan los puestos directivos o jefaturas de servicio en la sanidad pública «tienen que tener capacidad de liderazgo, compromiso, implicación en la gestión clínica y crear un servicio de calidad que además investigue y forme a los futuros residentes». Recuerda que se les evalúa cada cuatro años. «¿A la hora de elegirlos tiene que primar que no tengan consulta privada más que su capacidad? No entendemos en qué medida eso es una mejora», dice.

Teme que si se hace elegir a los profesionales entre la sanidad pública y la privada «descapacitemos de talento la sanidad pública». Pone como ejemplo el caso de Ibiza, con serias dificultades para contratar especialistas. «Imaginemos que en Ibiza hay en servicio cuatro o cinco oncólogos. ¿Quién va a querer ser jefe de servicio?», reflexiona.

Advierte de que el estatuto marco que se está negociando también pide que los MIR estén obligados a trabajar cinco años en la sanidad pública una vez acaban su formación. «Es anticonstitucional y existe una solución mucho más fácil. Si quiere que los MIR se queden en la pública tienen que hacerles un contrato fijo al acabar la residencia. Reciben un salario manifiestamente mejorable y resuelven muchos problemas en los hospitales. ¿Por qué hay qué obligarles? ¿Qué pasará con los que se forman en la privada que cada vez son más? ¿También tendrán que estar obligados?», cuestiona.

El presidente de SIMEBAL recuerda que el médico tiene una singularidad que no tienen otros profesionales. «En la pandemia murieron 150 médicos en activo. Estamos sobrepresentados en las muertes que hubo en la pandemia y eso revela el compromiso que tiene el médico con sus pacientes. No es cualquier trabajador del sistema público. Muchos médicos murieron porque antepusieron cuidar al paciente antes que sus vidas, cuando no había equipos de protección», señala.